No es fácil movilizar a nadie en Francia un 31 de julio. Lo han intentado con el pretexto de quejarse contra las medidas previstas en la nueva ley de huelgas sobre servicios mínimos en los transportes públicos y sólo aparecieron media docena de dirigentes sindicales "peronistas" gritando ante la Asamblea Nacional. Este proyecto que se está discutiendo (y adoptando) en el parlamento es, sin duda, una medida popular. Hace años que los usuarios de los transportes públicos la exigen, hartos que están de tantas huelgas, con sus puntos negros en el sur de Francia y en la región parisina, concretamente en los RER (trenes de cercanías). Vamos, que son huelgas que afectan esencialmente a la población trabajadora.
Pero existe un fenómeno más general y menos explícito: el problema sindical. Si en Europa la sindicación de los trabajadores oscila entre el 30 y el 70% de los asalariados, en Francia (y en España) no llega al 10%. A pesar de ello, en muchos ramos de industria, y concretamente en los transportes, una minoría muy minoritaria puede paralizar amplios sectores de actividad: los ferrocarriles, la electricidad y no hablemos ya de los controladores aéreos, que pueden paralizar los aeropuertos con tanta facilidad. Los sindicatos, representantes efectivos del 8 o el 9% de los asalariados, están subvencionados por el Estado y gozan del monopolio de la representatividad de todos los trabajadores, monopolio asimismo concedido y protegido por el Estado y los sucesivos gobiernos franceses desde 1944.
Sarkozy y su Gobierno no se han atrevido a afrontar clara y abiertamente la reforma de esta situación anómala y antidemocrática en la que un puñado de sindicalistas hablan en nombre de todos y pueden parar el país cuando quieran, con el beneplácito implícito, o explícito, de los gobiernos. La ley tiene una serie de disposiciones bastante complicadas, como la obligación de cada trabajador de declararse huelguista (o no) con dos días de antelación o que sea obligatorio, si la huelga dura más de una semana, una votación secreta para decidir si continúa o cesa. Con estas medidas, el Gobierno pretende que sea la mayoría de los trabajadores concernidos quienes decidan y no sólo los sindicatos. Además, los transportes públicos deberán funcionar tres horas por la mañana y tres horas por la tarde, como mínimo, los días de huelga.
Pese a que los sindicatos agitan el espectro anticonstitucional de la limitación del derecho de huelga, en realidad luchan por conservar sus privilegios y su monopolio de la representatividad que les permite, siendo un 8%, decidir por todos, siendo además subvencionados y protegidos por el Estado. También es verdad que ese monopolio y esos privilegios llevaban años resquebrajándose. Esa raquítica minoría sindical ya no lograba imponer, ni siquiera en el sector de los transportes, la tradicionalmente férrea unanimidad burocrática. Es sólo un ejemplo, pero a menudo he podido circular libremente en autobús los días de huelga general de los transportes parisinos. Antaño no había manera.
