La presidente del Tribunal de Nanterre no sólo ha demostrado inaudita ferocidad hacia Alain Juppé en su condena, sino que ha empleado contra él el viejo lenguaje jacobino, diríase inspirado por Fouquier-Tinville, acusándole de haber “traicionado al pueblo soberano”, y condenándole a guillotina simbólica; dicho de otra manera, expulsando, de hecho, de la vida política al presidente de la UMP y diputado-alcalde de Burdeos.
Pero no se ha limitado a eso la juez. Ha montado, además, toda una novela negra sobre intolerables presiones, amenazas anónimas, pinchazos telefónicos, registros ilegales y clandestinos de su despacho, de forma que las comisiones de investigación surgen como hongos. El Ministro de Justicia, Dominique Perben, anuncia una encuesta judicial, para saber si es cierto. El Presidente Chirac nombra una comisión formada por representantes del Consejo de Estado y del Consejo Constitucional (esta será, probablemente, la primera en funcionar). Y, claro, los socialistas, jubilosos, exigen comisiones parlamentarias. Aplauden, como siempre que el veredicto les es favorable, la “independencia de la justicia”, y sólo lamentan que no sea Chirac el condenado.
Recordemos los hechos, y la pena: 18 meses de cárcel avec sursis (o sea, sin ser encarcelado) y diez años de ilegibilidad, o sea, la muerte política de Juppé; a menos que, como ha pedido recurso, el nuevo juicio reduzca la condena, pero será dentro de varios meses, y por lo tanto, después de las elecciones regionales y europeas. Y eso porque, cando Juppé era teniente del alcalde, Chirac pagaba a siete personas –¡siete!– con fondos municipales, cuando en realidad trabajaban para el RPR. ¿Dónde está el crimen? Todas las alcaldías de Francia, sí, todas, hacen lo mismo, y además, es muy difícil separar las actividades a favor del partido del alcalde, de las actividades municipales. Hoy mismo, en la alcaldía de París, ¿quién podría seriamente negar que los concejales, todos los concejales, no actúan a la vez para sus respectivos partidos, y para la alcaldía? Se me dirá que es la ley. Pues la ley es mala, o al menos demasiado imprecisa.
Seguimos con la vieja cuestión del financiamiento ilegal de los partidos; un asunto que desveló, no hace mucho, sus escándalos, sus procesos y sus detenciones... Se pensó haber resuelto el problema con las subvenciones estatales a partidos y sindicatos, lo cual, a mi modo de ver, es muy discutible. El hecho es que no ha sido la solución, porque los gastos superan las subvenciones, todo –imprenta, publicidad, alquiler de sala, o de sedes, etcétera– aumenta, y además, ya no existen cotizantes, ni militantes voluntarios y benévolos, sólo empleados y funcionarios de los partidos, que hay que pagar incluso para pegar carteles. Y eso cuesta un huevo.
Que se me perdone la audacia de la comparación, pero es como si la Iglesia, constatando la disminución de los fieles, les pagará para ir a misa. Por motivos diversos, pero de misma índole, o sea, la financiación ilegal, políticos de derecha y de izquierda han sido condenados: Michel Noir, Alain Carignon, Henri Emmanuelli, Jack Lang, Bernard Tapic, y muchos más. Algunos pasaron meses en la cárcel, a otros les fueron cargadas multas y se les impuso momentánea inhabilitación; nunca a diez años, como Juppé, lo cual demuestra que se trata de un proceso político, que nada tiene que ver con la “independencia de la justicia”. Más bien, al revés.