Tengo muy claro –y he defendido aquí– que los límites a la libertad de expresión deben estar lejos, muy lejos; de haberlos tienen que ser en situaciones muy concretas, con delitos perfectamente tasados en la legislación y, a ser, posible, de forma que quede lo menos posible al criterio subjetivo de un juez.
Desconozco si en la actuación de los ya famosos titiriteros del carnaval se produjeron delitos, me parece razonable sospechar que sí, y más cuando así lo han estimado un fiscal y un juez, pero eso lo decidirá la Justicia a su tiempo, que por cierto suele ser demasiado tarde. Por otro lado, la Ley es la que es, nos guste más o menos, y estaba vigente mucho antes de que empezase la función.
Pero lo cierto es que en este caso la hipotética responsabilidad penal me resulta mucho menos relevante que la responsabilidad política, lo que hayan hecho dos titiriteros cerriles es menos grave que lo que hace el Ayuntamiento de Madrid.
Porque que un grupo de títeres marginal vaya por ahí sembrando el odio y tratando de minar la democracia, incluso que lo haga delante del público naturalmente más indefenso a un mensaje moralmente despreciable, los niños, sería casi anecdótico –incluso aunque al final sea considerado delictivo–. Lo grave es que lo hagan con nuestro dinero y con el patrocinio de una institución como un ayuntamiento, que debe guardar respeto y proteger a todos los vecinos, sean cuales sean su ideología, creencias o profesiones.
Siempre se dice que la Administración municipal es la más cercana a los ciudadanos, y hay algo de cierto: es la que se enfrenta a los problemas cotidianos de los votantes, como la basura, el tráfico, el asfaltado de las calles, la calefacción de los colegios… Sin embargo, Podemos tiene una visión diferente de lo que debe hacer un ayuntamiento, que se resume en dos únicos puntos: propaganda y doctrina.
Convencer a una parte de la sociedad de sus ideas, arrinconar a la otra hasta que el ambiente sea irrespirable y, entre medias, y sólo si queda algo de tiempo y dinero, gestionar esas irrelevantes tontunas municipales que tanto parecen importar a los pobres ciudadanos que sólo piensan en vivir mejor y no en construir la dictadura del proletariado: sus calles, sus parques, sus colegios…
Puede, en resumen, que a los titiriteros los ampare una libertad de expresión que en cualquier caso no puede ser delictiva, pero ni el Ayuntamiento, ni Carmena ni Mayer tienen ningún derecho a agredirme, a glorificar el odio y la violencia, a adoctrinar a mis hijos y, encima, a gastar mi dinero en ello.
No, no es una cuestión sobre unos pobrecitos titiriteros, es todo un ayuntamiento atacando a sus vecinos. Libertad de expresión, sí; libertad de agresión, no.