Pedro Sánchez ha dado por cerrada la legislatura en una comparecencia en Moncloa que ha sido el cierre y el resumen perfecto de sus meses como presidente: aprovecharse de las instituciones para su propio beneficio no ya partidista, sino directamente personal.
Porque la repetición del modelo puede llevarnos a acostumbrarnos, pero lo que ha pasado este viernes en Moncloa no es normal y no es tolerable: no se puede usar el atril de la presidencia del Gobierno para soltar el primer mitin de la campaña electoral, o al menos no se debe, porque con Sánchez ya hemos visto que cualquier cosa es posible.
Afortunadamente, ni siquiera sirviéndose de las instituciones, poniendo a TVE a su servicio como nunca había estado ninguna televisión pública, ni siquiera diciendo una cosa los martes y otra los miércoles y mintiendo los dos días puede taparse el desastre que han sido estos ocho meses en los que el "Gobierno bonito" se ha acabado convirtiendo en una versión grotesca de sí mismo.
Los bandazos
Sánchez llegó al poder con la promesa de convocar elecciones "en cuanto sea posible", pero este fue el primer compromiso que cayó en el olvido. A partir de ahí el recorrido al respecto ha sido variable: se habló -y se filtró- de coincidir con las andaluzas, del superdomingo, de otoño de este año, de seguir se aprobasen o no los presupuestos, de no seguir si no se lograba el apoyo a las cuentas públicas…
Ha sido la tónica del Gobierno de Sánchez: los cambios ya no de opinión sino de rumbo, lo que una semana era blando a la siguiente era negro, los motivos que servían para hacer dimitir a un ministro hoy, no eran suficiente para que se fuese otro después.
Sánchez ha mostrado durante estos ocho meses que su plan no iba más allá de los siguientes quince días y que su única prioridad era lo que le sirviese para afianzarse en Moncloa, para subir un punto más en las encuestas.
La ocupación de todo lo ocupable
Lo primero que dejó claro el Gobierno de Sánchez era que estaba dispuesto a ocupar todos los espacios a los que se puede acceder desde el poder: las empresas públicas, las televisiones, hasta órganos que habitualmente están más o menos fuera del debate partidista -como el CIS- se han visto contaminados por Sánchez y los suyos.
No ha quedado cargo por repartir ni sueldo elevado por entregar y, además, todos los nombrados han seguido trabajando para el partido o, mejor dicho, para Sánchez. Algunos de forma absolutamente grotesca como en el ya mencionado CIS, donde Tezanos ha arruinado años de trabajo que en muchas ocasiones era cuestionable, pero que si tenía valor por algo era, precisamente, por la serie histórica que en estos meses se ha roto.
Pero no han sido sólo los organismos públicos: el Gobierno se ha servido como nunca de sus propios altavoces institucionales para la propaganda del partido, tal y como ha hecho Sánchez este mismo viernes, tal y como han hecho Isabel Celaá o Carmen Calvo todos los viernes tras el Consejo de Ministros.
Los ministros y la tesis
El Gobierno también ha visto como un buen puñado de sus ministros no es que se quemaran en sólo unos meses, es que eran completamente abrasados. Huerta y Montón se quedaron en el camino en sólo unas semanas, pero Celaá y Duque también quedaban expuestos por sus sociedades inmobiliarias, como después lo sería el protocandidato a la alcaldía de Madrid.
Y no han sido los únicos: el escupido Borrell ha sido condenado por usar información privilegiada en bolsa y, muy especialmente, la ministra Delgado se ha visto involucrada en un escándalo mayúsculo de escuchas que, aunque no le ha costado la cartera, sí la ha descalificado completamente entre los fiscales y los jueces que unos meses antes eran sus compañeros.
Porque después de alabar los prostíbulos chantajistas de Villarejo, de acusar a jueces del Supremo de cazar menores en Colombia, de revelar detalles sobre la vida íntima del ministro del Interior en la misma mesa en la que estaba un presunto extorsionador, de hablar mal de los tribunales de mujeres… Delgado estaba completamente incapacitada para un cargo que ha seguido ejerciendo, aunque en la práctica de poco ha servido, más allá de forzar a la Abogacía General del Estado en la casusa del 1-O.
Quizá el peor escándalo, no obstante, ha sido el del propio Sánchez, su tesis doctoral que podría estar plagiada hasta en un 50%, las serias dudas sobre su autoría y el evidentemente preparado tribunal han tirado por los suelos la imagen de regeneración y exigencia ética de la que ha querido presumir el presidente.
El compadreo con el nacionalismo
Más allá de los escándalos, la relación con el separatismo ha sido el gran debe de Sánchez y lo que ha llevado incluso a iniciar una movilización que podría haber crecido bastante, visto lo visto en Colón.
Ahora se intentará escenificar una ruptura y el PSOE tratará, como hace siempre el PSC, de presentarse como la posición central entre los extremos del separatismo y el españolismo. Lo cierto es que Sánchez confió su supervivencia en Moncloa a un pacto con todas las fuerzas nacionalistas para el que es obvio que estaba dispuesto a pagar un precio altísimo: cambios en la Abogacía General del Estado antes, relator ahora y todo parece indicar que autodeterminación e indultos más adelante.
Está claro que Sánchez estaba dispuesto a pactar con el separatismo, la gran duda es si hay un precio que esté al alcance del todavía presidente y que pueda satisfacer a Junqueras, Torra y Puigdemont. En esta legislatura ha quedado claro que no pero, ¿en la próxima?
El balance
¿Y todo esto a cambio de qué? ¿Qué se puede vender como resultado de este desastre? ¿Cuáles han sido los logros de este Gobierno de ocho meses? Lo cierto es que a priori parece muy magro: Sánchez presumía este mismo viernes de la catarata de decretos leyes aprobados, pero entre ellos no sólo no hay ninguna reforma de calado y las grandes leyes de Rajoy, como la Reforma Laboral tan criticada desde la izquierda, siguen vigentes.
A priori hay muy pocas medidas de la que Pedro Sánchez pueda presumir y todas son parches económicos de dudoso resultado: la subida del SMI que ya ha tenido un efecto negativo en el mercado laboral, el aumento salarial a los funcionarios, la extensión de una Sanidad que ya era prácticamente universal o la vinculación de las pensiones al IPC que en realidad había pactado Rajoy en sus PGE. Otras de las cosas que reivindica rozan lo cómico, como decir que se ha conseguido despolitizar TVE.
Por no conseguir, el Gobierno ni siquiera ha conseguido sacar a Franco de su tumba: por mucho que el Consejo de Ministros lance este viernes un nuevo decreto lo cierto es que el dictador seguirá en el Valle de los Caídos mucho después de finiquitada la legislatura.
Es obvio que ocho meses en Moncloa pueden no dar para mucha acción de gobierno, pero acabamos de comprobar que para algo sí que dan: un desastre permanente y un fracaso estrepitoso.