El 23 de enero del año pasado la Asamblea Nacional de Venezuela, el último órgano elegido democráticamente en aquel país, nombró al que entonces era su presidente como máximo mandatario de la república. Juan Guaidó asumió la Presidencia de una forma estrictamente legal, basándose en el artículo 233 de la Constitución bolivariana, promulgada en 1999 bajo el mandato de Hugo Chávez, por cierto.
La mayor parte de los países democráticos lo reconocieron como lo que es: el presidente legítimo de un país en el que el poder efectivo lo ejerce una dictadura repugnante, corrupta, asesina y encamada con el narco. Entre estos países estaba, bien que un tanto a regañadientes, España. En aquel momento, hace justo un año y ocho días, el presidente del Gobierno español era Pedro Sánchez.
Guaidó reunía así los dos elementos que pueden decidir quién es el gobernante legítimo de un país: la legitimidad interna de haber sido nombrado de acuerdo a la propia ley y la externa de haber sido aceptado por las democracias del resto del mundo.
Lo cierto es que desde ese reconocimiento España, que en esto tenía reservado un papel muy importante, había hecho muy poco por que la situación real de poder cambiase en Venezuela y que ese país, que nos es tan cercano por tantas razones, dejase de sufrir la tiranía que lo tiene en la más absoluta de las miserias, tanto moral como económicamente.
Hasta este miércoles, en el que, sin una modificación oficial de la posición política del Gobierno, Pedro Sánchez ha cambiado de bando radicalmente y se ha referido a Guaidó como "jefe de la oposición".
La canallada se consuma, como la mayor parte de las que va a hacer este Gobierno, por la puerta de atrás, sin dar la cara ni asumir su costo, pero el hecho es que España ya ha cambiado de política respecto a Venezuela. Se han asumido las tesis de Zapatero, que, no contento con haber hundido nuestro país, ahora quiere dejar también una huella amarga al otro lado del Atlántico, no me cabe ninguna duda de que a cambio de muchos millones de ese dinero, manchado de sangre y coca, que maneja el régimen de Maduro.
Y es que, tal y como explica Ketty Garat en Libertad Digital, Zapatero, Sánchez y los bolivarianos de este lado del Charco pretenden cargar a los demócratas venezolanos con la culpa de no haber podido hacer realidad el cambio político en este año. Después de las zancadillas que ellos mismos les han puesto, después de ser acribillados y torturados por los matones del chavismo, después de ser reducidos a la miseria y, en el caso de millones, empujados al exilio.
Como en el País Vasco o en Cataluña, estos canallas siempre culpan a las víctimas, jamás a los victimarios: asesinos de diverso tipo, delincuentes varios, tiranos o joyas que reúnen las tres condiciones. Es una de las operaciones políticas más sucias y repugnantes que hemos visto nunca en España, algo tan indecente que sólo estaba al alcance de unos pocos, de gente con tan carente de escrúpulos como Zapatero, Sánchez e Iglesias. Y luego quieren que ensalzar dictaduras esté en el Código Penal; ¿entonces qué hacemos con los que las refuerzan?