A falta de que nuevas revelaciones que vengan a dejar en ridículo esta columna dentro de unos días –hoy en día ya no podemos poner la mano ni en el agua por nadie–, la cacería sobre el fiscal Moix ha alcanzado este martes un grado de obscenidad insoportable.
Una empresa en Panamá heredada por el fiscal Moix y hasta donde sabemos legalizada en cuanto hubo posibilidad –nada que ver con los dineros del abuelo Florenci– ha sido la última excusa para que la jauría político-periodístico-tuitera se lance a embarrar el terreno de juego político sin pensar en las consecuencias.
No se trata, aunque pueda parecerlo, de defender a un fiscal puesto por este o aquel ministro, o a un político de aquel o este partido; se trata de que una democracia no puede ser un campo de tiro en el que se abata a cualquiera sólo con sospechas por munición.
En democracia, si llaman a la puerta de casa a las seis de la mañana es el lechero, como dijo Churchill; y si responsables de tres o cuatro partidos te atacan en público es que has sido condenado por algo delictivo o, como mínimo, culpable de algo inequívocamente inmoral. Y al menos por ahora, por mucho que la extrema izquierda parlamentaria o televisiva se empeñe, tener una empresa legal no es delito, ni aquí ni en Panamá.
La lucha contra la corrupción es necesaria, pero no puede hacerse a costa de los derechos más básicos de todos, porque cuando pensamos que estas cosas sólo les pasan a los poderosos inmersos en determinadas batallas políticas nos equivocamos; lo que deberíamos pensar es: si a los poderosos les hacen eso, qué no nos harán a los ciudadanitos de a pie.
Pero, por mucho que algunos nos empeñemos, lo cierto es que la sensación es que da igual, que en España ya todo es Panamá y cualquier cosa puede servir para machacarte política, laboral o incluso judicialmente, sin importar que seas o no culpable de algo.