Si Dios no lo remedia –y parece que el Todopoderoso, con buen criterio y a diferencia de los obispos catalanes, no está por la labor de meterse en cuestiones temporales que además provocan división–, el Consejo de Ministros del Reino de España aprobará este martes los indultos a los políticos catalanes presos, condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo, por el intento de golpe de Estado de octubre de 2017.
Con esta medida, Pedro Sánchez cometerá un atropello político y moral, dará una bofetada a todos los españoles, mayoritariamente en contra de estos indultos, que comprobarán que saltarse la ley y malversar fondos públicos sale gratis si quienes lo hacen son unos políticos que militan en unos partidos cuyo apoyo es imprescindible para que el señor de la Moncloa siga en el poder.
Sabiendo lo que ha hecho Sánchez para llegar y mantenerse en la Moncloa, es muy difícil concederle el beneficio de la duda sobre si existe alguna otra razón para conceder estas medidas de gracia a unos sediciosos. Y eso que en las últimas semanas la potente maquinaria de propaganda gubernamental ha estado bombardeando sin piedad a los ciudadanos con una serie de conceptos acuñados en la fábrica de Iván Redondo: normalización, reencuentro, convivencia, concordia, utilidad pública, amistad cívica, "catalanes, os queremos". Toda una caterva de conceptos tan cursis como vacíos que son puro marketing, al que es tan adicto este presidente.
Cuando los que van a ser indultados han manifestado que no se arrepienten de lo que hicieron y que volverían a hacerlo; cuando el presidente de la Generalidad dice un día sí y otro también que sus objetivos son la amnistía y la autodeterminación; cuando uno de los cabecillas de la sedición, Oriol Junqueras, se jacta de la debilidad del Estado, cabe preguntarse por qué Sánchez se empeña en esta medida de gracia; y la respuesta siempre nos devuelve a la casilla de salida: por permanecer en el poder, ya que pensar que los independentistas se van a conformar con los indultos y renunciar a la república catalana independiente es algo que todo el mundo descarta, incluidos Sánchez y ese miembro de la burguesía vasca de Neguri que se llama Antonio Garamendi y que de momento sigue presidiendo la CEOE.
Se sabe lo que quieren los independentistas catalanes y se intuye lo que está dispuesto a conceder Pedro Sánchez. Por mucho que diga que no cabe nada fuera del marco constitucional, él es el primero que sabe que esto es metafísicamente imposible de casar con las aspiraciones de los independentistas, a no ser que se reforme la Constitución para dar cabida a sus reivindicaciones. Pero la reforma de la Carta Magna exige una mayoría en el Congreso de los Diputados que la actual coalición gubernamental no tiene y a la que ni el PP y ni Vox se sumarán jamás, por lo que se entraría en un punto muerto en el que o el Gobierno hace concesiones fuera del marco constitucional o los independentistas vuelven a romper la baraja y plantean un nuevo pulso al Estado en forma de referéndum unilateral y su consiguiente declaración de independencia.
Mientras este proceso de demolición del régimen constitucional en el que está empeñado Sánchez con tal de mantenerse en el poder sigue su curso, ¿qué pueden hacer los españoles? De entrada, resistir todo lo que se pueda: en las urnas y en la calle. El resultado en Madrid el pasado 4-M fue el primer gran varapalo electoral para Sánchez, al que tienen que seguir otros. Mientras llegan las próximas elecciones generales, que Sánchez no adelantará, ya que las previsiones son muy malas para sus intereses, la oposición tiene que estar más activa que nunca, dejando al margen las cuitas personales que pueda haber entre los líderes de PP y Vox. La defensa de la unidad de España, del Estado de Derecho, de la ley, de la igualdad y de la libertad debe estar muy por encima de los intereses partidistas de unos y otros.