Una de las imágenes que ha quedado grabada en la retina de muchos españoles es la que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977. Ese día, Don Juan de Borbón renunció de forma oficial a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Don Juan Carlos. Después de pronunciar un breve discurso lleno de emoción y sentimiento, Don Juan se volvió hacia su hijo, se cuadró ante él y con voz firme proclamó: "Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España, viva el Rey!".
Cuarenta y tres años después de aquel histórico momento, el rey emérito se ha tenido que ir de España, parece evidente que no de forma voluntaria, sino forzado por una situación en la que la presión del Gobierno frente-populista de Sánchez e Iglesias sobre Felipe VI ha resultado ser determinante. Da lo mismo que el Ejecutivo filtre ahora que su intención no era que Don Juan Carlos se fuera al extranjero, sino simplemente que viviera aquí pero fuera de la Zarzuela.
Se ha ido de España el símbolo de la transición política que se llevó a cabo tras la muerte de Franco. Una transición pilotada muy personalmente por Don Juan Carlos, que consiguió algo muy complicado: pasar de una dictadura a una democracia sin derramar una gota de sangre, cuando las heridas de la guerra civil todavía no se habían cerrado del todo. Y Don Juan Carlos lo consiguió, bien es cierto que con la ayuda inestimable de personas como Torcuato Fernández Miranda o Adolfo Suarez, principalmente, aunque también contribuyeron al buen fin de la operación otros líderes políticos, como Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga.
Pero los españoles tenemos un espíritu cainita que nos lleva a destruir, a derribar, a borrar de un plumazo a personajes que han sido claves en la historia de España. Juan Carlos I lo ha sido, pero, como parece que comentaba el propio interesado a personas cercanas, las nuevas generaciones le recordarán, si no se pone remedio, como el rey que tuvo en los últimos años de su reinado sus devaneos sentimentales con Corina Larsen y también que, presuntamente, pudo haber recibido donaciones o estar salpicado por operaciones económicas sobre las que la Justicia tendrá que determinar su grado de responsabilidad y si son constitutivas de delito. De momento, el rey emérito no ha sido imputado.
Ese espíritu hispano algo cainita tiene también su parte positiva: se rebela cuando percibe que hay una intencionalidad política, un abuso evidente, en el desprestigio, en el despelleje público del personaje en cuestión. Eso es lo que está sucediendo en estos días tras conocerse la marcha de España de Juan Carlos I. Al ver la reacción mezquina y miserable de los dirigentes de Podemos, empezando por la de su líder y vicepresidente segundo del Gobierno, calificando de "huida" la marcha del emérito –¿qué dijo Pablo Iglesias cuando el que realmente se fugó y huyó de la Justicia fue Puigdemont?–, o al intuir que la defensa de la Monarquía constitucional por parte del actual presidente del Gobierno no es lo firme y sincera que debería, muchos ciudadanos no están dispuestos a permitir este ataque a la Corona.
La Monarquía constitucional es la mejor garantía para preservar la unidad de España. Por eso el empeño de Podemos y de los partidos independentistas en cargársela, porque si lo consiguieran habrían logrado su objetivo: derribar el régimen constitucional del 78 y llevar a cabo una segunda transición. En esa tarea, la colaboración del PSOE desde la etapa de Zapatero ha sido impagable. De ahí que sea imprescindible la reacción de la sociedad civil y de los partidos de la oposición, ante esta campaña perfectamente orquestada para tumbar no a Juan Carlos I sino a la Monarquía constitucional, encarnada en la actualidad en Felipe VI, un rey que está teniendo un comportamiento ejemplar, que se ha ganado el afecto de muchos ciudadanos, pero que debe ser consciente de que el enemigo está muy localizado: son aquellos que quieren que España deje de ser España. Algunos forman parte del Gobierno y otros apoyan a este desde fuera.