En la interpretación que diversos dirigentes del PP han hecho del pésimo resultado electoral cosechado por su partido el pasado 28 de abril subyace una especie de concepción patrimonialista del voto que obvia una realidad que, por muy difícil que sea de aceptar, puede explicar muchos de los males electorales populares: no hay votos cautivos, no hay votos prisioneros.
En junio de 2015, cuando su nivel de irritación con lo que estaba haciendo Rajoy tanto al frente del Gobierno como del PP era máximo, José María Aznar dijo lo siguiente en una entrevista en ABC:
No hay electorados cautivos, no hay votos cautivos, ni siquiera el mío. Los electorados se respetan, los compromisos se cumplen, al ciudadano se le escucha. No hay votos prisioneros.
Eso es lo que le ha pasado al PP en las elecciones generales de hace ocho días: que una buena parte de los 4.136.600 votantes de Ciudadanos y otra buena parte de los 2.677.173 votantes de Vox han considerado, en uso de su libertad, que era hora de liberarse del yugo popular y votar a esas otras siglas.
Cuanto más tarden los dirigentes del PP –y no sólo Pablo Casado– en aceptar esta realidad, más posibilidades tendrán de seguir equivocándose en el diagnóstico de lo que les ha sucedido y, consecuentemente, y de no acertar con las soluciones que deben aplicar para intentar recuperarse de la delicada situación en que las urnas les han dejado. No es seguro que, si la aceptan, lo consigan. Pero lo que es evidente es que, si siguen pensando en que son los únicos y legítimos propietarios del votante del centro y la derecha, su horizonte será muy negro.
Lo que le sucedió al PP el 28 de abril no es sólo culpa de Pablo Casado, de su equipo, o de los errores cometidos en campaña. Es la consecuencia lógica de una deriva que comenzó en el Congreso de Valencia de 2008, donde Rajoy apostó por el vaciamiento ideológico del PP para conseguir que fuera un partido menos antipático –es decir, que no diera ninguna batalla por las ideas o por los principios– tras la derrota que le infligió Zapatero en las elecciones generales de ese mismo año. Cuando alcanzó el poder en 2011, con una mayoría absoluta como nunca antes había tenido, de 186 diputados, el PP se convirtió en una aseada maquinaria burocrática para administrar la cosa pública, pero nada más. Eso produjo que en las elecciones de 2015 y de 2016 muchos de sus votantes se quedaran en su casa o se fueran a Ciudadanos. Una fuga que se ha visto aumentada en estas últimas elecciones al tener una opción más a la hora de votar: Vox.
A veinte días de unas importantes elecciones autonómicas, municipales y europeas, el objetivo prioritario del centro y de la derecha tiene que ser lograr un resultado que sirva como contrapoder al que va a tener Pedro Sánchez en la Moncloa. Para ello, lo primero es que no decaiga la movilización del voto de PP, Ciudadanos y Vox. Es muy importante que el 26 de mayo los electores que dieron el pasado 28 de abril su voto a una de esas tres opciones lo vuelvan a hacer. Da lo mismo si cambian el sentido del mismo, siempre que lo hagan entre esas tres siglas, porque los efectos de la Ley D'Hondt en las municipales y autonómicas es mucho menor que en las generales. Y en las europeas, al ser circunscripción única, sencillamente no existe.
Otra cosa es cuál de esos tres partidos sea el primero y esté en condiciones de encabezar los Gobiernos en las distintas CCAA y ayuntamientos. Los acuerdos no serán sencillos, porque el peligro de que primen los egos o los intereses partidistas será enorme. Pero ya llegará ese momento. Ahora, lo urgente es conseguir un contrapeso al Gobierno del Frente Popular, que, sin ningún género de duda, es el proyecto político de Pedro Sánchez.