Han pasado veinticinco años, pero los hechos, los recuerdos, las imágenes, las emociones, los sentimientos permanecen muy vivos y presentes, en la memoria y en el corazón de muchos españoles.
El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil, en una brillante y trabajada operación, liberó al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista ETA 532 días antes, es decir, el 17 de enero de 1996. Nueve días después de su liberación que supuso una alegría inmensa para todos los españoles, ETA, que no podía "tolerar" ese fracaso suyo y ese éxito de la Guardia Civil, se tomó la venganza y secuestró al joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco.
Era la crónica de una muerte anunciada, o si se prefiere, un asesinato a cámara lenta. ETA exigía para liberar a Miguel Ángel Blanco, que el Gobierno de Aznar acercara en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a todos los presos de la banda terrorista a las cárceles ubicadas en el País Vasco. ETA sabía de sobra que el Gobierno no iba a aceptar ese chantaje y el Gobierno sabía que la banda terrorista sería implacable y consumaría su ultimátum. Y así fue: el 12 de julio, los terroristas le pegaron dos tiros en la cabeza al joven concejal del PP y dejaron su cuerpo, todavía con vida, en un camino forestal de la localidad guipuzcoana de Lasarte. Fue traslado al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián donde los médicos certificaron su muerte en la madrugada del domingo 13 de julio.
Fueron doce días en los que se pasó de la euforia a la angustia; de la alegría desbordada a la tristeza más absoluta. Fueron doce días en los que pasaron muchas cosas de gran importancia, movimientos de fondo en la sociedad vasca y española, que marcaron un antes y un después en varios campos: la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo apoyadas por una parte importante de la sociedad; la reacción del nacionalismo vasco ante la marea que se les vino encima, y la confirmación de que la política antiterrorista del Gobierno de Aznar erar la correcta: luchar contra ETA con la ley, sólo con la ley, pero con toda la ley, sin atajos al margen de esta.
El Pacto PNV-ETA
De todos esos movimientos de fondo que se produjeron, el más dañino para la lucha antiterrorista, para la propia democracia, fue la decisión del PNV de irse a pactar con ETA en Estella. En lugar de permanecer al lado de todas las fuerzas políticas democráticas que habían liderado esa marea social que salió a las calles del País Vasco y del resto de España tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el PNV eligió como compañero de viaje a quienes en 1959 habían nacido en su seno, como consecuencia de una escisión en las juventudes del partido fundado por Sabino Arana.
El PNV se asustó ante ese tsunami que nunca antes se había producido y, como no podía controlarlo, decidió boicotearlo y dinamitarlo. Lo verbalizó muy bien el entonces líder de ese partido, Xabier Arzalluz, cuando al finalizar una reunión de la Mesa de Ajuria-Enea celebrada al día siguiente del asesinato de Miguel Ángel Blanco, le dijo a Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco: "Mira Iturgaiz, ahora todos estamos subidos en la cresta de la ola, pero la ola bajará, y cuando la ola baje, cada uno tomaremos nuestro camino".
Y así fue. El PNV tomó el camino del pacto de Estella con ETA.
El movimiento de rebelión cívica que se conoció como el "espíritu de Ermua" sirvió y fue eficaz durante unos años. Cuando Zapatero llegó a la Presidencia del Gobierno y empezó su proceso de negociación política con ETA, las víctimas del terrorismo y con ellas una parte muy numerosa de la sociedad, salieron ocho veces a la calle en manifestaciones multitudinarias, para protestar por esa negociación. El lema más coreado en aquellas manifestaciones fue: "En mi nombre, NO". Lo que representaba Ermua seguía vivo, pero Zapatero, primero, y Sánchez, después, se encargaron de acabar con ello.
Veinticinco años después de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco, parece conveniente plantearse dos preguntas para saber dónde estamos ahora: ¿ha sido ETA derrotada del todo o la banda terrorista sigue viva e influyendo en la política española? La segunda pregunta: ¿las víctimas del terrorismo reciben por parte de las Instituciones y de la sociedad el trato que se merecen? ¿Se respeta su Memoria, su Dignidad y se hace Justicia con los asesinos de sus seres queridos?
ETA no ha sido derrotada políticamente
Al primer interrogante habría que contestar con un claro y contundente NO. ETA no ha sido derrotada del todo; lo ha sido policialmente, pero no políticamente. ETA no ha sido sólo un grupo terrorista que mataba a personas, todas inocentes. ETA nació en 1959 con un objetivo claro: la destrucción, mediante la ruptura, de España y de la democracia alcanzada a la muerte de Franco. Para lograr ese objetivo, durante muchos años mataron a un total de 857 personas, no por llevar un determinado uniforme, no por militar en un determinado partido político —por cierto, nunca mataron a ningún cargo público nacionalista, aunque lo intentaron varias veces con el que fue consejero de Interior, Juan María Atutxa— sino por ser, lisa y llanamente, ciudadanos españoles.
Pero sin pegar un solo tiro desde 2012, ETA, a través de sus herederos políticos, está más fuerte que nunca y en la actualidad es un actor determinante en la política española, como se ha puesto de manifiesto con la mal llamada ley de Memoria Democrática pactada por Sánchez con Bildu. Esa influencia se la tiene que agradecer ETA, primero a Zapatero, que puso en marcha al llegar al poder en 2004 un proceso político diabólico y tremendamente dañino para España, en el que ETA era y sigue siendo una pieza fundamental a la que se sumó el independentismo catalán representado por ERC. Ese proceso lo ha continuado Sánchez desde el Gobierno de España, incorporando a Podemos, pero donde ETA-Bildu y ERC siguen siendo las piezas esenciales. ¿Se entiende mejor ahora la reunión en enero de 2004 en Perpignan entre la dirección de ETA y Carod Rovira?
Sánchez en Ermua: con las víctimas y con los verdugos
La presencia de Sánchez este domingo en Ermua, en el acto homenaje a Miguel Ángel Blanco, se explica sólo desde el retorcimiento y la perversión que acompañan al presidente en su quehacer político: va al homenaje de una víctima del terrorismo al mismo tiempo que pacta con sus verdugos. Y eso lo hace delante del Rey de España para escenificar que él está por encima de lo que representa la Corona. A Sánchez le sobra para su proyecto de destrucción del orden constitucional el "espíritu de Ermua" y, por el contrario, le sirve mucho más sumar a su causa a los que mataron a 857 compatriotas. Y además habrá que soportar que lo presente como un acto de reconciliación, como un nuevo abrazo de Vergara, en este caso entre las víctimas del terrorismo de ETA y sus verdugos.
El siguiente objetivo de ETA será hacerse con el poder en el País Vasco y en Navarra. Si en las próximas elecciones vascas, la suma de Bildu, PSE y lo que quede de Podemos dan más que la suma del PNV y PP, el lehendakari será Arnaldo Otegui. En Navarra, Bildu apoya a la socialista María Chivite al frente del Gobierno foral y hace su labor de zapa desde un segundo plano, pero eso puede cambiar. En la Comunidad Foral sería conveniente que los ciudadanos que defienden que Navarra es una parte irrenunciable de España y se oponen a su anexión a la Comunidad Autónoma Vasca, reaccionen y se movilicen antes de que sea demasiado tarde.
Ignorancia de las jóvenes generaciones
Respecto a cómo se encuentran las víctimas del terrorismo, la respuesta no puede ser muy alentadora. Resulta muy descorazonador y de una enorme gravedad, que las nuevas generaciones de españoles no conozcan prácticamente nada de esta parte trágica de nuestra historia reciente. No hay un esfuerzo serio por parte de las Instituciones Públicas, de establecer una dinámica en las escuelas, colegios, Institutos y Universidades para que todos los jóvenes del presente y del futuro sepan que en España hubo, en la segunda mitad del siglo XX y en los comienzos del XXI, casi un millar de compatriotas que dieron su vida por defender la libertad, la democracia y la Constitución en una parte del territorio nacional como es el País Vasco y Navarra.
Por otra parte, quedan casi 400 casos de asesinatos de ETA por resolver. Es evidente que ahí la Justicia —una de las tres reivindicaciones de las víctimas— ha fallado estrepitosamente. Pero el Estado de derecho debe de arbitrar los medios y los mecanismos necesarios para que esa grave injusticia se repare, ya que todas las víctimas tienen derecho a saber quiénes fueron los que dieron la orden y los que apretaron el gatillo, para asesinar a sus seres queridos.
En resumen, el balance veinticinco años después de esos dos hechos que conmocionaron a España, resulta descorazonador. Es verdad que ETA ha dejado de matar, pero su proyecto político está más fuerte que nunca, y las víctimas del terrorismo se encuentran cada día más solas y olvidadas. Aquellos doce días de julio de 1997 pudieron cambiar España, pero se quedaron en un amago. Hubo una rebelión cívica que tuvo sus frutos durante un periodo de tiempo, pero primero Zapatero y después Sánchez se encargaron de acabar con ella. La sociedad española nunca abandonará a las víctimas, pero la triste realidad es que los herederos políticos de ETA son en la actualidad los socios preferentes del Gobierno social-comunista liderado por Pedro Sánchez. ¿Esa es la derrota de ETA que tantos predican?