Es conocido que, tras una de sus diatribas teológicas, Pablo de Tarso, el judío de los gentiles, señaló que deseaba mostrar ahora un camino mejor. En el curso de las próximas semanas, intentaré con mis artículos indicar caminos que, a mi modesto entender, son mucho mejores aunque no sean los que se debatan o discutan habitualmente. Comencemos ya.
El debate sobre el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por parte de la iglesia católica ha sido tema recurrente durante las últimas semanas. Para la izquierda, ofrecía una envidiable posibilidad de atacar a uno de sus principales rivales ideológicos apelando a la existencia de unos privilegios intolerables en un momento tan delicado como el de pagar el IRPF. Para la iglesia católica, entrar en la cuestión también ha constituido una oportunidad de oro para arrojar a la cara de los que no ven bien sus privilegios la labor de instituciones como Cáritas y subrayar lo importante de marcar la casilla del IRPF. Al final –como ya adelanté hace semanas– las dos partes han dejado contentas a sus respectivas hinchadas y nadie ha experimentado merma en sus privilegios. Personalmente, después de ver a cardenales elogiando a María Teresa Fernández de la Vega o recibiendo ayudas económicas de dirigentes socialistas no me sorprende, pero es verdad que hay muchos que creen que esas cosas no pasan nunca. Por mi parte, permítaseme que proponga un camino mejor al de ese cruce de acusaciones que, al final, no quedan en nada salvo en que los de siempre pagamos las cuentas de otros.
Mi posición podría resumirse en la propuesta de que las entidades privadas –a diferencia de las públicas como la policía, la administración de justicia o el parlamento– deben ser sostenidas por aquellos que coinciden con sus objetivos y puntos de vista y no por el conjunto de los ciudadanos. ¿Deben ser mantenidos los sindicatos? Sin duda, pero no por aquellos que no estamos afiliados a ellos sino por los obreros que forman en sus filas. ¿Deben ser mantenidos los partidos políticos? Sin duda, pero no por los que no somos parte de sus militantes. ¿Deben ser mantenidas las confesiones religiosas? Sin duda, pero por sus fieles. Semejante postura no quiere decir que, ocasionalmente, una persona que no pertenece a UGT no pueda hacer una contribución a sus arcas o que alguien que no es del PP no ayude al sostenimiento de una agrupación local o que un no-católico no pueda efectuar un donativo a Cáritas. Por el contrario, todas esas conductas –mientras sean voluntarias y de corazón– me parecen encomiables. Cuando, por el contrario, se imponen desde arriba simplemente me parecen un robo de un dinero que no ha sido ganado por esas instituciones y del que no tienen ningún derecho a apoderarse con la ayuda del poder político. Ésa es una conducta propia de las castas privilegiadas del Antiguo Régimen, pero, a mi juicio, resulta intolerable en una sociedad democrática.
Sé que sindicatos, partidos y confesiones religiosas alegarán que llevan a cabo una obra encomiable. No voy a discutir la afirmación, pero eso no significa que tengamos que costearla los que no pertenecemos a esas entidades. Aún más. Me parece un abuso intolerable que se nos obligue a ello.
Y ahora permítaseme entrar en alguno de los argumentos esgrimidos para justificar lo injustificable y que –como no podía ser menos– sólo sirven para consumo interno y convicción de los ya convencidos. Esta semana Cáritas Madrid ha hecho públicas sus memorias de 2011 insistiendo en que sólo el 12% de sus fondos proviene de las administraciones públicas. Cáritas ha dedicado casi 24 millones de euros a la acción social durante el año 2011. Sin duda, es encomiable, pero no creo que eso pueda ser utilizado para justificar que la iglesia católica se ahorre todos los años entre tres mil y tres mil quinientos millones de euros con el impago del IBI, una cantidad que ponemos el resto de los contribuyentes. Si se deduce del ahorro del IBI –no entro ya en otros beneficios fiscales de la iglesia católica que son legión– el gasto de Cáritas, habrá que convenir que el negocio es óptimo y que las afirmaciones del cardenal Rouco de que la institución caritativa no podría seguir actuando resultan, como mínimo, discutibles. Lo son además porque, como reconoce Cáritas, cerca del 80 por ciento de sus aportaciones vienen de particulares y no de la Conferencia episcopal y más de un diez por ciento proceden de nuestros bolsillos vía administraciones públicas. En otras palabras, la Conferencia episcopal entrega a Cáritas una porción bien pequeña de sus gastos. ¡Ideal para justificar el no pagar impuestos como el del IBI!
Por otro lado, ¿se imagina alguien a Jesús pidiendo ayuda económica al Sanhedrín o al procurador romano por eso de que multiplicaba panes y peces, curaba enfermos o liberaba endemoniados? Yo, desde luego, no. A decir verdad, en las ocasiones en que se sometió a Jesús la cuestión de si debía pagarse el tributo al poder judío y al romano siempre contestó afirmativamente (Mateo 17: 24–27; Mateo 22: 17 ss). De manera bien significativa, en el primer caso, Jesús le indicó a Pedro que no estaba obligado a pagar el tributo judío por ser el mesías, pero para no escandalizar, lo hizo junto a Pedro. No estaría nada mal si, en lugar de amenazar con cerrar comedores de Cáritas si se pierden privilegios fiscales, los prelados siguieran el principio de Jesús y pagaran los impuestos siquiera por no escandalizar a aquellos pobres que, teniendo mucho menos que la iglesia católica, los pagan.
Y tengo que decir con profundo dolor que algunas de las afirmaciones episcopales de las últimas semanas no han sido mejores. Un obispo, por ejemplo, señalaba entre la labor social de la iglesia católica que, supuestamente, justifica sus privilegios fiscales el hecho de repartir la eucaristía a un millón de personas cada semana. Que de 46 millones de habitantes que tiene España, uno comulgue los domingos es un dato a tener en cuenta, pero ¿realmente se cree el obispo que ésa es una obra social? ¿Incluiría el obispo en la obra social también las circuncisiones judías y musulmanas o los servicios de Cena del Señor protestantes? Todos son, sin duda, religiosos y por ello relevantes para sus respectivos fieles, pero ¿es adecuado considerarlos un servicio social? Sinceramente, no lo creo.
Habrá quien argumente en justificación de las exenciones que la iglesia católica realiza una labor encomiable de conservación del patrimonio artístico. La afirmación no se corresponde del todo con la realidad. Si, efectivamente, la iglesia católica es la que conserva el patrimonio porque es de titularidad suya, que lo conserve, pero entonces que no reciba fondos públicos para ello sino que descanse en la generosidad de sus fieles. Si, por el contrario, las administraciones públicas son las que pagan la conservación y el mantenimiento, ¿por qué la iglesia católica cobra por entrar en no pocos de sus recintos sin luego pagar ni un euro de impuestos por tan lucrativa actividad y además está exenta de impuestos como el IBI? Hace unas semanas, un obispo me confirmaba en el curso de una comida que la catedral de Córdoba no sólo cobra una bonita suma de euros a los visitantes del recinto sino que además el número de éstos supera holgadamente el millón al año. ¿Paga impuestos por tan lucrativos ingresos la iglesia católica? Porque el IBI, desde luego, no lo abona...
En toda esta cuestión, me aqueja además un profundo pesar por millones de compatriotas entre los que, desde luego, no me encuentro. ¿Cómo es posible que el proletariado español, en lugar de mantener a sus sindicatos, deje que semejante carga recaiga sobre los que no son de su clase social? ¿Cómo es posible que los convencidos militantes de los partidos políticos consientan que la formación a la que aman no sea mantenida por ellos sino por gente que incluso puede odiarla? ¿Cómo es posible, en fin, que los católicos –de los que un millón comulga cada semana– permitan que su amada iglesia sea mantenida no sólo por ellos sino por gente que no pertenece a ella y que incluso hacia ella sólo sienten indiferencia e incluso hostilidad? No lo entiendo. Confieso que si yo me encontrara en esa situación, se me caería la cara de vergüenza.
Una última cuestión. Si alguien me pregunta si los católicos deben marcar la casilla de la iglesia católica en el IRPF mi respuesta sólo puede ser rotundamente afirmativa. El instrumento no me gusta e incluso me parece abusivo y privilegiado, pero creo que mientras exista los católicos deben mantener de una vez por todas a su iglesia en lugar de permitir que semejante carga –imagino que para ellos privilegio– recaiga sobre otros de manera directa o indirecta. Si tan sólo uno de ellos, tras leer este artículo, llegara a la conclusión de que, además de atacar las subvenciones para los partidos y sindicatos y justificar las de su iglesia, tiene que hacer lo posible por mantenerla y actuara en consecuencia... ¿qué les voy a decir? Me daría por más que satisfecho viendo que alguien ha escogido un camino mejor al que transitaba.