Analizaba en Los amos la ambigua posición adoptada por los líderes de CiU en relación a las consultas independentistas organizadas en Cataluña, sabedores de que no pueden desentenderse de ellas pero que no pueden impulsarlas para ocultar el escaso respaldo con que cuentan las posiciones soberanistas e independentistas en la comunidad autónoma de Cataluña. En este artículo, examino la posición de las otras dos fuerzas políticas relevantes: los arrendatarios y braceros de ERC y los convidados de piedra del PSC.
Quienes más pasión y esfuerzo han puesto en la organización de las consultas para eventos, los independentistas de ERC con el diputado Uriel Beltrán a la cabeza, pretenden convertir la independencia en el principal objetivo de la vida política y tema casi exclusivo del discurso político en Cataluña. Su miopía les lleva a interpretar los pobres resultados de participación (20,5%) y número de votos favorables (476.674) obtenidos en las consultas como un gran triunfo que extrapolan alegremente a la totalidad del censo para llegar a la conclusión ansiada: con un millón de votos, el movimiento independentista ya es la primera fuerza política de Cataluña.
Pese a que el simplismo y radicalidad que impregna su discurso –próximo a los movimientos totalitarios nacionalistas que cautivaron a tantos pueblos europeos en el período de entreguerras del siglo pasado– resulta atractivo tanto para algunos jóvenes partidarios de la acción directa como para grupos más conservadores y tradicionalistas, la realidad es que en lugar del millón de votos lo que espera a ERC en las próximas elecciones autonómicas es casi con toda seguridad un desplome histórico. ¿Dónde está la urna con el millón de votos se preguntarán incrédulos dentro de unos meses los apóstoles de la independencia? La organización de los referéndums puede que haya servido a ERC para fortalecer sus redes de activistas que, escabullendo dinero público de aquí y allá y transgrediendo el orden constitucional con una impunidad tolerada por la Generalitat y las Ayuntamientos, llevan traza de convertirse más que en un partido de gobierno en la reencarnación de la brigada político-social de la dictadura franquista.
El PSC será el gran perdedor en las próximas elecciones autonómicas y pienso que una vez desalojado de la Generalitat no levantará cabeza en una o dos décadas. Ya le hizo el Sr. Maragall el trabajo sucio a CiU liderando la elaboración del proyecto de Estatut aprobado en el Parlament el 30 de septiembre de 2005 y convirtiéndose en el abanderado de una concepción bilateral de las relaciones entre Cataluña y España, incompatible con el espíritu y la letra de la Constitución española, desde luego, pero incluso con la de un Estado federal como los Estados Unidos. El objetivo último del proyecto no era otro que ir segregando la organización educativa, sanitaria, fiscal, judicial, etc. del resto de España e ir vaciando de contenido y minando la operatividad de las instituciones comunes con que cuenta el Estado, desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta el mismísimo Tribunal Constitucional, pasando por el Congreso.
Incapaz de reconocer el grave error que supuso aprobar dicho proyecto de Estatut, el PSC se ha empecinado en sostener que el "Estatut [aprobado en el Congreso] es un pacto político" y ha exigido al Tribunal Constitucional que, al examinar los recursos de inconstitucionalidad presentados, no lo trate "como un simple texto jurídico", olvidando que ese texto únicamente recibió el apoyo del 54% de los diputados en el Congreso. En los últimos meses, perdida la confianza en que el fallo del Tribunal Constitucional lo avale en su integridad, el PSC con el Sr. Montilla a la cabeza ha continuado su suicida huida hacia delante y se ha puesto al frente de las fuerzas nacionalistas que cuestionan la legitimidad del Tribunal y exigen a las Cortes Generales que lo renueven y cambien incluso sus competencias constitucionales para salvar el Estatut. Se equivocan de nuevo si creen que estos gestos dirigidos a los votantes nacionalistas van a reforzar su reputación. Lo que sí es seguro es que se han alienado a buena parte de sus votantes naturales.
Lo vivido en los últimos meses en Cataluña causa estupor. ¿Puede alguien, en su sano juicio, imaginarse al gobernador de California cuestionar la capacidad del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para dirimir si una ley es o no constitucional? ¿Se imaginan al gobernador de Illinois declarando que van a aprobar una ley educativa estatal para incumplir otra ley federal como ocurrió en Cataluña con la nueva Ley de Educación de Cataluña? ¿O al de Florida exigiendo a la agencia federal recaudar todos los impuestos en Cataluña para liquidar después, tras una negociación de tú a tú, su aportación al gobierno federal? ¿Toleraría el presidente de Estados Unidos que el gobernador de Texas amenazara con una "fractura difícilmente reparable" entre su Estado y los Estados Unidos? Pues bien, disparates de este tenor se han escuchado en boca de los responsables del Gobierno de la Generalitat catalana cada día en los últimos años. Y todo esto ha ocurrido bajo el mandato del gobierno tripartito que presidía el Sr. Montilla.
Que nadie piense, por otra parte, que si el Tribunal Constitucional declarara plenamente constitucional el Estatut se pondría punto final a las tensiones promovidas por los partidos nacionalistas catalanes (y su convidado de piedra, el PSC) en los últimos años. Todo lo contrario: los nacionalistas inventarían de inmediato otras nuevas con cualquier excusa. El Estatut, como han repetido una y otra vez, no es una estación término, sino una atalaya más elevada para afrontar desde una posición más favorable las nuevas batallas. Si hasta ahora, por ejemplo, Montilla y el parlamento se permitieron ignorar (burlar, sería la palabra adecuada) los reales decretos de enseñanzas mínimas del Gobierno español y las sentencias condenatorias que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por incumplimiento flagrante de aquéllos, a nadie se le escapa que esos reales decretos ya nunca se aplicarán una vez aprobada la Ley de Educación de Cataluña elaborada por el Gobierno Montilla-Carod-Rovira-Saura. Ha llegado la hora de definir la línea roja que la Generalitat no puede cruzar si queremos evitar males mayores en el futuro.