El grupo de CiU ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas urgentes para el Fomento del Empleo que pretende imponer a los parados extranjeros residentes en Cataluña el estudio del catalán para poder cobrar el subsidio. Naturalmente, los diputados nacionalistas han revestido su propuesta con un carácter generalista y la han presentado como una enmienda por la que "el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, promoverá el aprendizaje de las lenguas oficiales del Estado y de las comunidades autónomas". Al parecer del Sr. Campuzano, portavoz de CiU en la Comisión de Política Social y Empleo, para cobrar la ayuda que contempla el proyecto (420 € mensuales), un parado debería, además de cumplir los requisitos establecidos en la norma, aprender catalán porque "el desempleado que no habla catalán va a tener más problemas para tener trabajo en Cataluña".
Tres cuestiones quiero destacar sobre este asunto. En primer lugar, los nacionalistas catalanes quieren exigir el conocimiento de la lengua catalana a los extranjeros residentes en Cataluña a pesar de que el castellano es la lengua franca en España –la que utiliza, supongo, el Sr. Campuzano cuando se reúne con sus amigos nacionalistas del PNV y BNG para pactar sus estrategias– y que la residencia en una comunidad autónoma (Cataluña, Murcia o Canarias) es un hecho puramente circunstancial, como evidencia la pequeña historia de tantos emigrantes dispuestos a recorrer miles de kilómetros para llegar a España y dispuestos a cambiar su residencia dentro de España en función de las cambiantes oportunidades de trabajo. En segundo lugar, si el conocimiento de una lengua facilita el acceso a un puesto de trabajo lo que un buen gobernante y legislador debe hacer es proporcionar al emigrante la oportunidad de aprenderla, nunca condicionar una ayuda concebida para aliviar su precaria situación al aprendizaje de lengua alguna. Por último, no hay coordinación que valga entre el Gobierno y las comunidades autónomas: los nacionalistas catalanes han cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa del Gobierno y han exigido para apoyarla que se de "pleno cumplimiento a las previsiones del artículo 170 del Estatuto de Cataluña, sobre trabajo y relaciones laborales", uno de los artículos del Estatuto recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PP. No me sorprende el interés del grupo que lidera el Sr. Duran i Lleida, secretario general de UDC, por controlar los fondos desde Cataluña, habida cuenta de la probada habilidad de algunos antiguos militantes de su partido para desviar recursos del Fondo Social Europeo hacia la financiación de su formación política.
Para terminar, no creo que a un extranjero residente en Cataluña se le cierre ninguna puerta en el sector privado por desconocer el catalán, salvo en aquellas empresas y pseudo empresas dependientes de las administraciones catalanas donde la larga mano de la Generalitat y los ayuntamientos así lo exigen. De lo que sí podemos estar seguros es que cualquier emigrante, extranjero o español, da igual, no podrá acceder a ningún puesto de trabajo en la administración pública catalana y que la administración catalana se encargará de complicarle la vida todo lo que pueda no facilitándole folletos informativos o solicitudes (¡se han acabado!) redactadas en castellano. Y si a usted se le ocurre formular una queja, recibirá algunos meses después una larga carta redactada exclusivamente en catalán, siguiendo la vieja máxima totalitaria de que si no quieres una taza, toma dos.
Una nota final de humor: ¿no deberían los diputados andaluces en el Congreso (para estar a la altura de Cataluña, como ocurrió con el Estatuto de Andalucía) exigir a los parados residentes en las provincias andaluzas aprender a hablar con acento andaluz y bailar sevillanas?