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Manifestaciones

Lo más sorprendente del desarrollo de este caso fue que al aquelarre institucional orquestado por los partidos independentistas (CiU, ERC e ICV-EUiA) se sumaran el PP y Ciudadanos (¿O quizás fue Ciutadans?).

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La falta de responsabilidad institucional a la que me refería en mi anterior artículo resulta incluso más incomprensible y dañina cuando son los representantes del propio Estado quienes cuestionan la legitimidad de las instituciones de nuestra democracia. Que el Sr. Montilla, presidente del gobierno de una comunidad autónoma de España, se pusiera al frente de la manifestación celebrada el pasado 10 de julio en Barcelona, encabezada con el lema "Somos una Nación. Nosotros decidimos", demuestra que el presidente de la Generalitat de Cataluña ni acepta la Constitución de la que emana su propia autoridad ni respeta la división de poderes sobre la que se sustenta cualquier régimen constitucional. Al igual que la provincia de Tarragona no puede unilateralmente declararse mañana una nación y otorgarse el derecho a decidir, tampoco puede hacerlo la comunidad autónoma de Cataluña, a menos que se cambie la Constitución.

No está España en estos momentos, Sr. Montilla, viviendo un agitado período pre-constitucional, ni tampoco inmersa en un caos institucional como el que indujo a un antecesor suyo a lanzar un órdago al gobierno de la Segunda República, a cuenta de la anulación por el Tribunal de Garantías de una ley aprobada en el Parlament de Cataluña en 1934. España es hoy una democracia asentada y el Tribunal Constitucional un órgano esencial del Estado al que la Constitución otorga determinadas competencias que todos los poderes ejecutivos y legislativos han de respetar. Y así como el Tribunal Constitucional no se inmiscuye en las labores de los órganos ejecutivo y legislativo de la Generalitat, tampoco la Generalitat puede interferir en las labores de fiscalización atribuidas al Tribunal. Elemental, Sr. Montilla.

No es ésta la única ocasión en que la Generalitat se ha comportado deslealmente con otras instancias del Estado. Por razones de espacio, me referiré únicamente a uno de los hechos más bochornosos que acaeció en la presente legislatura cuando el Parlamento de Cataluña sometió a votación y aprobó el 16 de noviembre de 2007 una moción para reprobar la gestión de la Sra. Álvarez, Ministra de Fomento del Gobierno de España. ¿Se puede concebir mayor disparate? Cambien el escenario e imaginen la reacción de la Generalitat si a los diputados en las Cortes Generales se les hubiera ocurrido debatir en Madrid una moción para pedir la destitución del Sr. Carod-Rovira por apreciar incompetencia y nepotismo en su gestión. Lo más sorprendente del desarrollo de este caso fue que al aquelarre institucional orquestado por los partidos independentistas (CiU, ERC e ICV-EUiA) se sumaran el PP y Ciudadanos (¿O quizás fue Ciutadans?). Otro triste ejemplo de cómo algunos políticos miopes, con tal de desgastar al Gobierno, son capaces de prestar su apoyo a iniciativas que sólo pretenden deslegitimar las instituciones del Estado y reforzar las posiciones nacionalistas.

Las formas resultan esenciales en cualquier sistema democrático y confundir a las personas que circunstancialmente ostentan la representación del Gobierno (Rodríguez Zapatero, Rubalcaba, etc., hoy, y tal vez Rajoy, Aguirre, etc., mañana) con la institución (Gobierno de España) constituye un gravísimo error que únicamente beneficia a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, cuyo objetivo principal en esta fase de su proyecto de construcción nacional es erosionar la legitimidad de las instituciones centrales del Estado constitucional (Gobierno, Cortes Generales, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) e ir vaciándolas de contenido. Menos chiflar y más ojo a lo que se avecina.

Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

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