Más allá de las interpretaciones coyunturales (el PP ha ganado y obtenido 3,7 puntos porcentuales sobre el PSOE-PSC), las elecciones europeas me han dejado una amarga estela de desesperanza que sólo atempera la ilusión de que somos muchos los españoles con vocación realmente europea que no estamos dispuestos a dejarnos llevar por la melancolía y queremos plantar cara a la actual partitocracia que se reparte, con malas artes y peor estilo, los impuestos con los que nos acosan.
Comencemos por la desazón. Los resultados de estas elecciones europeas vienen a confirmar que la mayoría de quienes lograron vencer la desilusión y la pereza y acabaron depositando una papeleta en las urnas, el 46% de los electores potenciales, lo hicieron movidos ya por una fe inquebrantable en los "suyos", ya por el deseo de acabar con los "otros". La participación en la campaña electoral de líderes del PP relacionados o imputados en casos de espionaje y presunta corrupción (convenientemente aireados cada día por los medios de comunicación afines al PSOE) y el abrumador refrendo popular que ha obtenido el PP en las CCAA de Valencia y Madrid, demuestran que, para la mayoría de sus votantes, lo importante es votar a los "suyos", hagan lo que hagan, perdonándoles incluso los indicios que los sitúan en el entorno de tramas organizadas para realizar negocios con la complicidad de cargos públicos y en algunos casos pagados con los impuestos de todos.
El caso del PSOE es muy distinto. Aunque en este momento ningún líder del partido está involucrado en tramas de financiación ilegal –noticias, sin embargo, como la publicada hace unos días sobre el pago de un evento del partido por una empresa privada demuestran que también cuenta con ingresos que no aparecen reflejados en los libros que presenta al Tribunal de Cuentas–, hay otras consideraciones sobre su labor al frente del Gobierno de España que al parecer no han inmutado lo más mínimo al grueso de sus electores. Me refiero naturalmente al desastre que ha supuesto la aprobación de unos estatutos a la carta en la pasada legislatura que, como ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, amenazan con paralizar el Estado y reducirlo a una suma ingobernable de reinos de taifas. Resulta paradójico que el Gobierno español, obligado a cumplir las directivas de la UE, carezca hoy de competencias dentro de su ámbito territorial y no disponga de autoridad para ordenar la ejecución de las políticas públicas, ya sea en el ámbito de la provisión de servicios públicos básicos (educación, sanidad, etc.) ya en el de la inversión en infraestructuras o en la regulación de la actividad privada. Muy pronto el Sr. Rodríguez Zapatero completará su nefasto legado con un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que avalará asimetrías injustificables en un Estado moderno, soportado por una constitución que reconoce la igualdad de todos los españoles.
Los resultados de las elecciones del 7-M vienen a confirmar los peores augurios: la llave de los principales asuntos de Estado va a quedar de nuevo en manos de los partidos nacionalistas catalanes (PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA), vascos (PNV, EA, Aralar), navarros (Na-Bai), gallegos (BNG), canarios (CC), aragoneses (Cha), andaluces (PA), asturianos (BA) y mallorquines (UM), cuyo electorado sumado no sobrepasa el 10% de los votos emitidos y a los que sólo une el afán de desarticular España, dándose la paradoja de que para entenderse entre ellos utilizan el castellano, la lengua que denuestan y atropellan cuando tienen ocasión en sus autonomías. A pesar de la solemne bofetada recibida, lo más probable es que el PSOE, junto con el partido nacionalista "amigo" (PSC), siga al frente del Gobierno, continuando su labor de deconstrucción de España. Mucho me temo que la nueva financiación autonómica sea el peaje que va a pagar el PSOE para sacar adelante los presupuestos del 2010. Desde esta perspectiva, tampoco se ganaría mucho mejor si para sacar adelante una moción de censura el PP tuviera que echarse en brazos de CiU. En ambos casos continuaría progresando el proceso de deconstrucción del Estado autonómico para satisfacer las exigencias de los partidos nacionalistas.
¿El motivo para la esperanza? La confianza en que una fracción de la ingente masa de ciudadanos que no han acudido a votar (54%) y de los que habiéndolo hecho se han inclinado por votar a un partido testimonial o depositar un voto en blanco para dejar constancia de su insatisfacción, reaccione frente al actual estado de cosas. Hay que reconocer que motivos para el escepticismo no nos faltan. Pero ni el descalabro de Ciudadanos tras su éxito inicial en 2006, ni el desprecio a los procedimientos democráticos de los actuales líderes de UPyD, pueden desanimar a quienes nos comprometimos a regenerar la democracia española, restituyendo el principio de la realidad a la política, reforzando la división de poderes y clarificando la distribución de competencias y recursos entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los municipios. Estos motivos están hoy más vigentes que nunca.