Todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo sobre la petición de abrir causa penal contra el vicepresidente Pablo Iglesias. Esto lo ha dicho el propio Iglesias, es decir, el potencial imputado, y hay dos preguntas obligadas. La primera, por ir despacio, es quién es “todo el mundo”. Es evidente que yo no lo soy: no sé, ni tengo la menor idea, de cuál va a ser la decisión del Supremo. Podría ser que mi caso fuera singular, que fuera la única española que no sabe qué va a decir el tribunal. Pero lo veo improbable. Calculo que hay millones de españoles en mi misma situación. Es más, la pregunta interesante es cuántos españoles saben, como Iglesias, qué es lo va a decir el Supremo sobre su imputación. Cuántos españoles, en fin, tienen hilo directo con ese tribunal. Cuántos, aparte de Iglesias.
Si Iglesias no tiene hilo directo con los jueces del Supremo como para saber, antes que nadie, qué van a decidir, hay que preguntarse por qué dice que lo sabe, y por qué dice que todo el mundo lo sabe. La respuesta la proporciona el potencial imputado. La da al decir que “sería inconcebible”. Más aún: “sería inconcebible que en una democracia de la UE ocurriera algo así”. El “algo así” es, ni más ni menos, que se condenase a alguien “por sus ideas”. Constatemos que, para el mundo de Podemos, ahora la UE ya no es una máquina de destrucción de derechos, sino una garantía de derechos. Y observemos que del verbo imputar hemos pasado, en un abrir y cerrar de ojos, al verbo condenar. Ay del Supremo si, en lugar de hacer lo que todo el mundo sabe que hará, hace aquello que, a lo mejor, dicta la ley.
Tome nota todo el mundo, esta vez sí, de que desde el poder político, desde la cúspide del Gobierno, se está dando un aviso al Tribunal Supremo. Un mandato –el que todo el mundo sabe– y un aviso. Si, por un casual, flojea a la hora de cumplir el mandato, estará claro como el agua, perfectamente cristalino, que ese tribunal está metido hasta las cejas en la oscura conspiración política, policial y judicial que tiene como víctima al vicepresidente Iglesias. Y todo por sus ideas. Aunque la idea que ha transmitido Iglesias en este doble ejercicio de victimismo y de presión a los jueces es que la mano negra es la derecha. Oh, sorpresa. “La derecha sabe que por medios democráticos no va a hacer caer a este Gobierno”, dijo también. Esto es prácticamente una acusación de que la derecha va a usar medios no democráticos: ¿golpe de Estado?
El estándar español cuando un cargo político se ve implicado en casos judiciales es no comentar resoluciones de los jueces, manifestar confianza en la Justicia y reclamar la presunción de inocencia. Iglesias, de dos patadas, se ha cargado el estándar y, con él, esa mínima pátina de respeto a la baqueteada independencia judicial que, mal que les pese, han de mantener los representantes políticos. Se entiende que su prioridad sea mandar en la Justicia, no despolitizarla.