No existe el cierre total. El confinamiento de toda la población no se ha aplicado ni puede aplicarse. Y no existe tal cosa en nuestro país, ni en ninguno similar al nuestro, por la sencilla razón de que la cantidad de servicios esenciales que necesita una sociedad como la nuestra para mantener un funcionamiento básico es muy grande. El cierre total es un espejismo, una ilusión óptica, que los ilusionistas políticos ponen ante los ojos de la opinión pública. Es un espejismo útil para quienes lo hacen aparecer en un instante crítico. Es útil para un Gobierno porque transmite la sensación de que está haciendo lo que hay que hacer y, por ello, merece la confianza del público. Es útil para quien lo exige desde fuera, porque en una emergencia como ésta el que propone las medidas más duras parece acertado. Y es peligroso, porque infunde una seguridad en su mayor parte falsa: el cierre total es imposible.
No sólo se trata de lo más obvio, de lo que se ve a pie de calle, como las tiendas de alimentación y su cadena de producción, distribución y transporte. Hay otros muchos servicios que deben permanecer operativos y que son de gran complejidad. Pongamos un puerto como ejemplo. Un comunicado de la Autoridad Portuaria de La Coruña sirve para dar una idea de todo lo que hace falta para que siga abierto un puerto importante, fundamental para que continúen el tráfico de mercancías, entre ellas el combustible, y la industria pesquera. De la nota se extrae una lista aproximada: prácticos, remolcadores, amarradores, estibadores, servicio de limpieza, consignatarios, colectivos pesqueros, capitanía marítima, salvamento marítimo, aduanas, policía portuaria, transportistas, servicios de inspección, de coordinación, de mantenimiento y otros. Aunque parte de las actividades se hagan manera telemática, otras tienen que ser presenciales. E igual que en los puertos, en tantos otros servicios de los que no se puede prescindir.
Si el cierre total es imposible, entonces, ¿qué ha decretado el Gobierno? Buena pregunta. El propio Gobierno desconoce la respuesta. Porque no ha cuantificado los efectos de ampliar la orden de paralización de actividad. Porque no ha calculado a cuántos cientos de miles o decenas de miles de personas más afecta ni cuántos desplazamientos en transporte colectivo evita. A la ministra de los Trabajadores –¿o es ministra trabajadora?– se le preguntó por el primero de esos datos y no dio respuesta. Es que no lo sabe. ¡No lo saben! Esa es la gran cuestión. Decidieron dar una vuelta de tuerca al cierre sin saber cuál podía ser su impacto real. Sin saber, por lo tanto, cuál es su eficacia. Cuando la eficacia es el criterio, el único criterio, que debe regir la toma de medidas para atajar la epidemia.
Si se decide sin soporte de datos, sin estimaciones de la posible efectividad, sólo queda una línea de motivación. En esa línea está hacer creer a los ciudadanos que se adoptan las medidas tajantes y eficaces que hacen falta: sangre, sudor, lágrimas. En esa línea está la cesión a las exigencias de los podemitas, que sueñan con un cierre total y totalitario, para salvar la coalición de Gobierno. En esa línea está la cesión a los separatistas catalanes, partidarios habituales del cierre total de lo suyo. Pero nada de nada en esa línea está dirigido a frenar la epidemia; sólo a frenar crisis políticas. Es un alineamiento de motivaciones que no responde a la necesidad de hacer frente al coronavirus, sino al objetivo de garantizar la supervivencia política del Gobierno. Eso desde el flanco socialista.
Hay otro. El falso cierre total es una victoria política de Podemos sobre el PSOE. Y así la han exhibido. Con la ministra trabajadora –es trabajadora de la política desde hace décadas, hay que decir– como portavoz. Y con Iglesias apelando al artículo 128 de la Constitución, un artículo que puede dar cobertura a expropiaciones. Siempre por delante de los socialistas en captar los estados de ánimo, los podemitas saben que la opinión pública desea medidas fuertes, duras, draconianas, y le dan el espejismo del cierre total. Hoy. Mañana, otro paso en el estado de excepcionalidad. Una excepcionalidad que será ineficaz contra la epidemia, pero útil políticamente.