La buena noticia que ha proporcionado el Tribunal Constitucional se asemeja a la que supuso el fin de la Guerra Fría: se acabaron los bloques. Tanto tiempo han estado ahí, tan inamovibles y eternos parecían los bloques de "progresistas" y "conservadores", que el hecho de que un magistrado adscrito a uno de ellos vote en sentido contrario a la disciplina de "partido", merece ese calificativo de histórico que se prodiga tantas veces sin ton ni son. Disciplina de partido, sí, pues a eso se reduce, en última instancia, la estricta y nociva regla, que dado el sistema en vigor y vistos los precedentes, se espera que acaten los integrantes de ese alto tribunal y los de otros. Un círculo perverso que rebaja a los jueces a la condición de figurantes que los partidos mueven por control remoto, a meros vehículos del scalextric político que nunca se salen del carril.
El milagro de la ruptura de los bloques se acaba de producir en el TC ante el Estatuto de Cataluña, pero la guerra no ha terminado. El magistrado disidente ya ha recibido el anuncio de una declaración de hostilidades a través de un periódico gubernamental ducho en maniobras de esa clase. Acusan a Manuel Aragón de traicionar un compromiso que había adquirido con los suyos, lo que supone un intento de desprestigiarle y suena a preámbulo de una obra de difamación. Habrá que estar atentos. Quien muestra independencia de criterio corre riesgos. Riesgos, por cierto, que no quisieron afrontar aquellos diputados socialistas que, a pesar de su íntima repugnancia, tragaron como niños obedientes, que no inocentes, el potaje cocinado por Zapatero y un chef del más rancio nacionalismo catalán.
La segunda buena noticia que se desprende de la mala nueva del aplazamiento de la sentencia es que la posición de Aragón desenmascara la premisa ideológica con la que el PSOE ha venido justificando su adopción de la doctrina nacionalista. Zapatero y compañía quieren hacer pasar por progresista la fragmentación de la nación española, la liquidación de la soberanía del pueblo español y la creación de feudos con traje y complementos de naciones. Sostienen que sólo se oponen a ese lindo proyecto los conservadores, la derecha, la caverna y cuantos desean regresar al centralismo de la época de Franco. Pues bien, ahora es un magistrado progresista, estudioso de Manuel Azaña, el que cuestiona el Estatuto. ¿Dirán que se ha pasado al PP, como afirmaron del Defensor del Pueblo? Y, ya puestos, ¿en qué bloque meterán a Azaña?