Ahora ya sabemos por qué el nuevo CIS incluyó en su último barómetro, difundido hace unos días, preguntas sesgadas sobre la situación en Cataluña. Era para que Carmen Calvo, vicepresidenta, pudiera decir que la inclusión de un relator –que no será de la ONU pero se llama como los de la ONU– en la negociación con los separatistas obedece a un "clamor mayoritario de la sociedad española". Para no reconocer lo que todo el mundo sabe y ella misma antes que nadie a excepción de Pedro Sánchez: que el relator y la mesa o la mesa y el relator obedecen a la necesidad imperiosa de contentar a los separatistas para que no rechacen los Presupuestos y malogren la continuidad del Gobierno bonito. Aunque no sólo: también lo hacen por convicción. La convicción de que al separatismo golpista catalán hay que ponerlo cómodo entre algodones plurinacionales y no sentarlo en la dureza del banquillo, la celda y el autobús de la Guardia Civil.
Se ha dicho desde el Gobierno que el relator no hará más que convocar reuniones, ordenar el debate y recordar de qué se está hablando. Se necesita, o sea, porque las reuniones son muy complicadas y hay gente a la que se le va el santo al cielo. Pero insistir en el carácter de auxiliar administrativo del relator no lo hace parecer inofensivo, sino inane. Y si no es nada, entonces, ¿para qué? El problema del Gobierno es que la respuesta se conoce. Los separatistas, aun antes de su 21 puntos –seis sobre el franquismo–, exigían un mediador internacional y el relator evoca precisamente a esa figura o desfiguración que reclamaban. Claro que importa el nombre de la cosa. En realidad, es lo único que importa.
Da igual cuáles sean sus funciones y cuál su nacionalidad. El papel de relator se identifica con los relatores especiales de las Naciones Unidas que informan sobre la situación de un país, de un conflicto o un problema de derechos humanos. Es por eso que han elegido esa denominación y no otra. Y es por eso que no se pueden minimizar sus consecuencias. El nuevo gesto del Gobierno hacia el separatismo catalán supone, lo quiera o no Sánchez, un salto cualitativo. Lo es por esa mesa de partidos, que será la mesa de los separatistas y el PSC. Por la inclusión de un tercero, ajeno a las partes en conflicto, con su connotación internacional. Y por la filosofía del asunto, que se resume en la "solución política", eufemismo habitual de apaño al margen de la ley. Y esa solución la va a pergeñar un cónclave de ciertos partidos, que actuará al margen de instituciones democráticamente elegidas como el Parlamento.
El separatismo catalán sabe que no puede ganar en Cataluña. Sabe que no puede ganar en España. Sólo tiene una baza, aparte del constante berrear. Es la que juega en el escenario internacional. Es ahí donde la aparición de un relator adquiere su más peligroso significado. Porque lo importante no es qué va a hacer ni qué va a relatar el relator. El relato del relator es el relator. Basta su existencia para dar el salto. Es el trampolín para que el separatismo llame a las puertas con su relato acostumbrado del conflicto catalán, pero avalado, ahora, por el Gobierno de España. De aquí, a la ONU o a la Henry Dunant.