Como ya es habitual cuando ocurre un atentado terrorista, y en especial, si es "de baja intensidad", tras las dos bombas de la ETA en Galicia las autoridades de todo tipo instaron a los ciudadanos a volver "a la normalidad" y se felicitaron por que así lo hicieran. Como siempre también, me enfada esa frase hecha, aunque entienda lo que con ella se quiere decir: que los terroristas no deben alterar nuestras vidas. Por lo general, se trata de un llamamiento innecesario. Aun conscientes de la amenaza, la mayoría seguimos con nuestros hábitos y quehaceres. Yo no voy a dejar de pasar junto a las decenas de contenedores que jalonan una de las más concurridas playas gallegas después de estos atentados. Y, como yo, miles de personas.
Pero los dirigentes políticos no están sólo para pedir y garantizar la normalidad de nuestros movimientos. Deben asegurar también que se mantiene otra normalidad de mayor alcance: la de la sociedad libre que se niega a inclinarse ante los criminales que tratan de chantajearla. Porque de esa firmeza depende su supervivencia como tal. Y en ese punto, las declaraciones menguan o se tiñen de ambigüedad. El ministro del Interior manifestó esa voluntad, pero, al mismo tiempo, los dirigentes de su partido de Cataluña y el País Vasco avanzan, sin que se les pongan barreras, hacia una línea de encuentro con quienes comparten objetivos con la banda terrorista. De hecho, los socialistas catalanes gobiernan con los que han pactado con la ETA y este verano pueden mostrar, si se atreven, el vergonzoso triunfo: las bombas no las ponen allí.
Que los atentados perpetrados en tres fines de semana consecutivos en Cantabria, Asturias y Galicia, hayan sido con bombas de escasa potencia no debe conducir a una minimización del riesgo, como sugerían algunos titulares de leve redacción. Esa es la táctica que ahora les ha convenido a los terroristas. Puede cambiar. Sin olvidar que en el País Vasco ha rebrotado con fuerza el terrorismo callejero y, como ha denunciado la profesora Gotzone Mora, las presiones y amenazas en la Universidad. La declaración del secretario de Estado de Seguridad calificando unos graves incidentes de "forma desagradable de divertirse" y la decisión de la directora de Instituciones Penitenciarias de permitir que los presos de ETA vuelvan a estudiar en la UPV, señalan un debilitamiento de la voluntad del gobierno de combatir a ETA y sus seudópodos.