De Blasio, al menos, lo reconoce. El alcalde de Nueva York no ha escondido qué es lo que pretende al exigir el certificado de vacunación –con una dosis vale– para entrar en restaurantes, gimnasios, teatros, cines o museos. El objetivo es presionar a la gente para que se vacune. No quiso imponer la mascarilla obligatoria en interiores, como han hecho otras ciudades del país, y en su lugar va a imponer un requisito que supone penalizar a los que no se vacunan. Fue suficientemente claro al respecto:
Este es un lugar fabuloso literalmente lleno de maravillas. Si estás vacunado, todo eso se abrirá para ti. Pero si no estás vacunado, desafortunadamente, no podrás participar en muchas cosas.
Dicho de otro modo: "Si no estás vacunado, te fastidias. Vas a tener una vida más aburrida y ermitaña, porque no podrás hacer vida social, salvo en tu casa". Bien, el alcalde de Nueva York lo reconoce. No podemos decir lo mismo de otros. A la mayoría de los partidarios del certificado les cuesta admitir de qué va realmente. Todos levantan el escudo sanitario y alegan que la seguridad estará garantizada si cada uno de los que entran en ciertos establecimientos públicos demuestra que está vacunado. Ciertamente, no responden a la ingenua pregunta: ¿entonces los vacunados están tan poco protegidos que sólo pueden reunirse con vacunados para no contagiarse? Será un pequeño detalle intrascendente.
Nuestra doctrina oficial reza que la vacuna no es obligatoria. Pero el requisito que algunos Gobiernos imponen o quieren imponer para acceder a ciertos establecimientos entra en contradicción con la doctrina. Se podrá decir que es un incentivo, pero un incentivo es, por ejemplo, el que ha puesto el propio de Blasio: dar 100 dólares al que se vacune. La exigencia del certificado es otra cosa. Como decía sin tapujos el alcalde, es una medida de presión, y, si es tal cosa, hay que preguntarse si no estamos ante una vía para hacer obligatoria la vacuna sin reconocerlo legalmente. Para mayor contradicción, no obliga a todos los ciudadanos por igual, sino sólo a aquellos que desean realizar determinadas actividades.
La inconsistencia va a más si pensamos en lo que han hecho y piensan hacer algunas comunidades autónomas. Resulta que pueden exigir un certificado de vacunación para entrar en un restaurante o un teatro, pero no lo exigen ni lo pueden exigir para trabajar en una residencia de mayores o en un centro hospitalario. Es verdad que los porcentajes de vacunación en el personal sanitario y de residencias son muy altos, pero no son del cien por cien. Algunos no se vacunarán y tampoco tendrán que hacerlo: la vacuna no es obligatoria. De modo que para trabajar en entornos donde hay personas vulnerables no tienes que estar vacunado, pero para acceder al interior de un bar deberás estarlo. Qué tremenda paradoja.
Así las cosas, casi era preferible que impusieran la obligatoriedad general de la vacuna, corrieran el riesgo de que los tribunales o el propio Constitucional la tumbaran y arrostraran el coste político de hacerlo.