Los jueces que gustan de revestirse con la toga del “progresismo” suelen distinguirse por su benevolencia hacia los autores de delitos. Éstos son, para ellos, víctimas de un “sistema” cuya intrínseca injusticia les empuja por el mal camino, así que tienden a diluir su responsabilidad individual en el magma social. Pero no todas las personas y grupos son iguales a sus ojos. El suyo es un determinismo selectivo. Si el delito lo ha cometido un militar o un policía, un empresario o un hombre blanco, no hay comprensión ni indulgencia ni atenuantes que valgan. Al presunto le caerá el pelo, sí o sí.
De modo que el ministro del Interior no tenía que sujetarse sus ganas progresistas de benevolencia en el caso de Roquetas. Al contrario. Debía de contener sus deseos de condenar de antemano a los guardias civiles implicados. Y no los contuvo en su comparecencia. Manifestó la necesidad de mantener la presunción de inocencia y dijo que corresponde a la justicia investigar los hechos, pero esos alardes retóricos sólo cubrían el núcleo de su intervención: proporcionar un fragmento de los hechos suficientemente escandaloso como para desviar el foco de los errores de gestión. Un viejo truco de los ilusionistas, que mientras inducen al espectador a mirar hacia allí, retiran de allá el objeto que debe volatilizarse.
La revelación de las últimas imágenes recogidas por las cámaras del cuartel causó, en efecto, la sensación deseada, por lo que puede que Alonso y sus asesores tengan algún futuro en el teatro de variedades. Pero examinemos el objeto que se sacó de la manga el ministro para que nos quedáramos contemplándolo con horror.
Las imágenes que narró constituyen un fragmento de lo ocurrido en el cuartel: el momento en que varios guardias golpean a un hombre tirado en el suelo. De los sucesos previos nos habló en el lenguaje de los informes, cuyo impacto es menor que el visual. Incluso que el de un relato de algo que se ha visto. El ministro ha querido que el público se haga una idea de lo sucedido a partir de esas imágenes. Y, sin embargo, sabemos que una imagen descontextualizada puede ofrecer una visión distorsionada de la realidad.
El relato detalla que el detenido estaba en ropa interior, un hecho que hizo pensar que los agentes le quitaron los pantalones para humillarlo. Pero habían circulado versiones de que Martínez Galdeano había llegado al cuartel en bermudas o con los pantalones mojados. El ministro tampoco aclaró si se hallaba en el suelo por la acción de los agentes o porque se había tirado él, como afirmaban los implicados. Contó que se veía al teniente dándole siete golpes con cada porra durante dos minutos, pero no precisó si era la primera vez que aquel golpeaba al ciudadano. El cadáver presentaba cincuenta traumatismos.
El ministro prefirió mantener en la penumbra estos y otros detalles de los hechos, de forma que la imagen de la brutalidad de los guardias ocupara, como en efecto lo hizo, el primer plano de la escena. Previamente ya se había creado el suspense para que mereciera toda la atención el fragmento: el teniente implicado había ocultado la existencia de esas imágenes. En eso consistía, pues, la obstrucción a la investigación que Alonso había denunciado en su primera aparición para hablar del caso, en TVE, el 6 de agosto.
Sin embargo, esas imágenes fueron descubiertas al día siguiente de los hechos, el 25 de julio. Lo contó el ministro al principio de su comparecencia. Así que la obstrucción solo había durado unas horas. Pero el gobierno había decidido que se interpretara que esa había sido la causa del retraso en plantar cara al suceso. Esa y la autopsia, un avance de la cual ya estaba en su poder el día 26.
Para enfatizar el argumento, el ministro reveló que el teniente había dicho, cuando se vieron las imágenes, el día 25, que de haber sabido de su existencia, no seguirían ahí. Con ello implicaba que el teniente estaba dispuesto a destruir imágenes para ocultar el momento fatídico. Pero si damos eso como cierto, entonces debemos aceptar que no las llegó a borrar porque desconocía que existían. En suma, que la obstrucción pudo ser involuntaria, al contrario de lo que el ministro ha querido hacer creer para justificar su tardanza.
