Las autonomías, parece, están a punto de entrar en el cuarto de castigo. Puede incluso que entren ahí, pero lo harán con una buena provisión de chocolatinas. Han gastado en exceso, a ello se debe el grueso de la desviación del déficit y, por ir a lo que fastidia, vienen a ser las grandes culpables de que haya de hacerse un más duro ajuste. Sin embargo, quien se ha apretado el cinturón para empezar no es la consejería de coros y danzas sino el Ministerio de Fomento. Y, a través de la subida de impuestos, el conjunto de los contribuyentes pagaremos su falta de austeridad. Todas ellas se han pasado de la raya, aunque en distinto grado, y es una lástima que no se distribuya el extra de presión fiscal entre las diecisiete de modo proporcional a su déficit.
No está escrito que una comunidad autónoma haya de entregarse al gasto desmedido. No se encuentra fatalmente predestinada al derroche. Ni creo tampoco que lleven ese vicio en su ADN, aunque esté mal diseñado. Pero existen incentivos perversos. Uno de ellos es el intrincado sistema de financiación. Éste hace las veces de un colchón e impide que la autonomía reciba el impacto de una recesión al instante. Tarda en acusar el golpe. Con ese período de gracia a su favor, los gobernantes que corren a hacer recortes se cuentan con los dedos de una mano, si es que hay alguno tan formal y previsor. El otro gran incentivo perverso es netamente político.
Las autonomías han asumido transferencias costosas, como sanidad y educación. En 2009, gestionaban el 36 por ciento del gasto público y la administración central, el 22 por ciento. Pero luego están las duplicidades y, más allá, los delirios y los delitos. Crear réplicas en miniatura del Estado sale caro. Jugar a "somos una nación" multiplica la carestía. Mantener una red clientelar repartiendo dinero público es, además, indecente. Todo eso, sin embargo, cumple su función: ayuda a mantenerse en el poder. Como los proyectos mastodónticos y prescindibles. Porque prevalece el político dispuesto a abrir un aeropuerto donde no habrá pasajeros, sobre el político que denuncia esa clase de inversión. Prevalece en las urnas. Ahora bien, los gobiernos autonómicos reacios al impopular ahorro no han estado solos. Los han acompañado siempre los gobiernos centrales que han renunciado a su labor de control y vigilancia. Les han ahorrado la pedagógica sanción de quitarles las chuches.