Quién iba a decir, allá por 1978, que el PSOE, el de los cuarenta años de vacaciones, como decían malévolamente los del PCE, iba a esperar más o menos otros cuarenta años para incorporarse de lleno a la lucha antifranquista. Pues ahí lo tenemos. Más decidido que nunca a derrocar a Franco y a acabar con el franquismo. Siempre después de muertos. Lo que Felipe González no hizo, y lo que Zapatero, aunque quiso, no terminó de hacer, va a rematarlo Pedro Sánchez cabalgando un antifranquismo retrospectivo que se las da de inédito y de inaugural. Saben tan poco del antifranquismo como del franquismo.
El proyecto de ley de Memoria Democrática es tan desmemoriado que no reconoce nada de lo que se ha hecho desde la Transición para reparar a las víctimas de la dictadura, a los que hicieron la guerra en el bando republicano y, en general, para hacer efectiva la reconciliación sellada entonces. Según la presentación que hizo el ministro Bolaños, resulta que casi todo se va hacer por primera vez: homenajear a las víctimas, buscar los restos de represaliados en las fosas, eliminar ciertos símbolos o declarar nulas e ilegítimas sentencias. ¿Por primera vez? ¿Ningún Gobierno de España hasta la fecha, incluidos los del PSOE, se ocupó de esos problemas? O estamos ante la fatal arrogancia adanista o ante la falsedad pura y dura.
Quiso Bolaños dar un alcance histórico al proyecto diciendo que por primera vez se hace una ley para garantizar que no se repitan episodios como la guerra civil. Aquí la arrogancia adanista se junta con el infantilismo extremo, pero también con algo más, y más peligroso. Porque la garantía de que no se repitieran episodios como la guerra civil o remotamente parecidos fue el pacto de la Transición, y proyectos como éste y su antecesor, el de la Memoria Histórica de Zapatero, están cuestionando y violentando la naturaleza, el significado y los efectos de aquel pacto.
La Transición, uno de los grandes éxitos políticos españoles contemporáneos, fue el borrón y cuenta nueva necesario para dejar atrás las secuelas de la época que comprende la Segunda República, la guerra civil y la dictadura. Pero siempre tuvo enemigos. El búnker franquista prácticamente se extinguió al poco tiempo. El búnker izquierdista lograría extrañamente, al cabo de muchos años, que el PSOE incorporara su visión contraria a aquel proceso y se apuntara a su idea del ajuste de cuentas: ya que no pudo hacerse entonces, había que hacerlo ahora, no importa cuántos años después.
El proyecto de Memoria Democrática procede al ajuste de cuentas y, de ese modo, destruye las bases de la reconciliación. Quiere imponer un relato oficial de lo que fueron aquellas etapas de la historia de España, y reducir su complejidad a una historieta de buenos y malos. Nadie, ni los historiadores, podrá apartarse de la doctrina establecida por el Gobierno, que será quien determine qué es verdad y qué es mentira sobre aquellos acontecimientos. Como indica el nombre del proyecto, quien disienta de la ley no será demócrata, y además va a ser perseguido y castigado.
A la lógica del ajuste de cuentas retrospectivo pertenecen las pretensiones más espectaculares del proyecto, como las exhumaciones, retransmitidas en directo y con gran aparato, y la "resignificación" del Valle de los Caídos. Ambas revelan, al mismo tiempo, las pretensiones políticas de una ley como ésta: la resignificación de la Transición y la exhumación permanente del guerracivilismo.