El candidato Z va camino de convertir al doctor Montes en mascota de su campaña electoral. El presidente, desde luego, tiene derecho a elegir causas y amigos para la travesía hasta el 9 de marzo. Pero a lo que no tienen derecho ni él ni sus correligionarios es a falsear la realidad. Y la realidad es que en este asunto no hay un bando que desea que los pacientes mueran con dolor, y otro bando –en el que ellos se sitúan– favorable a mitigar los sufrimientos de los moribundos. Tal es, sin embargo, la caricatura que agitan los numerosos paladines que le han salido a Montes, de los que resulta difícil saber si se pliegan a estrategias políticas o les puede la ignorancia. Cierto que esos motivos no son excluyentes, pero por si fuera lo segundo, habrá que aclarar una y otra vez los términos. Y los términos pueden formularse así: una cosa es sedar a un enfermo para que pase sus últimos momentos de vida sin sufrimiento físico o psicológico, y otra bien distinta acabar deliberadamente con la vida de un paciente a fuerza de sedantes.
La sedación terminal consiste precisamente en lo primero. En España se aplica, aunque por lo visto, leído y oído estos días, un tropel de comentaristas lo desconoce. "La sedación terminal cuando existen criterios que la indican es una buena práctica médica", señalan en los prolegómenos de su informe los once peritos que estudiaron 73 historiales clínicos de fallecidos en las Urgencias del Severo Ochoa. Es decir, los mismos que encontraron 34 sedaciones no indicadas o contraindicadas y establecieron que las dosis de sedantes eran injustificadamente altas. Nadie quiere que los enfermos mueran con dolor y desgarro emocional y en el sistema sanitario se vela por ello. Pero existen, obviamente, unas normas. A tenor de aquel informe, en las Urgencias dirigidas por Montes las normas se incumplieron. La Audiencia Provincial, sin embargo, ha cuestionado el informe pericial. ¿Asunto concluido? No en el terreno político. Terreno en el que nunca debió dirimirse este caso, pero que fue –y es– el elegido por el PSOE.
A su manera, Z repicaba en un mitin del fin de semana el argumento de Montes para explicar lo que ha denominado "persecución" contra él y que el presidente llama "cacería". Según ellos, el caso del Severo Ochoa lo habría levantado el PP para contrarrestar una corriente favorable a la eutanasia en la sociedad española. Pues bien, nada ha impedido al PSOE proponer su legalización. Si quiere, puede hacerlo abiertamente. Pero sólo ha introducido el asunto por la puerta de atrás, ya utilizando lo de Montes, ya la película Mar adentro. No conviene a este asunto el recurso al chantaje emocional. A ninguno, pero aquí hay precedentes, y siniestros. En el Tercer Reich fue el caso del niño deficiente K., cuyos padres solicitaron a Hitler que se le diera muerte "por piedad", lo que abrió la puerta a la eliminación de miles de personas. ¿Quiere ZP legalizar la eutanasia? Dígalo a las claras. Y entonces, aparte de las cuestiones morales, habrá que hablar de las garantías. De la seguridad frente a los abusos. La seguridad, en especial, de que ningún gestor pueda emplear la vía de la "muerte digna" para deshacerse de enfermos que, de otro modo, consumirían muchos recursos del sistema sanitario. Una garantía que, visto lo visto, no se da ni remotamente.
