Pura y feliz coincidencia. Albert Boadella, investido o por lo menos vestido de presidente de Tabarnia, llamó a Puigdemont a una "cumbre al más bajo nivel" en Waterloo. A las pocas horas, en el Parlamento catalán, el propuesto como sucesor del prófugo mostraba que aún podía haber un nivel más bajo que el más bajo nivel. El golpe separatista ha elevado a insospechadas cimas la selección inversa. Lo ha conseguido una vez más a pesar de que el listón ya estaba por los suelos. Llegó a ese punto, que luego sería punto de fuga, cuando el secundario llamado a convertirse en héroe del proceso independentista fue el propio Puigdemont. Era difícil bajarlo más. Pero que no era imposible lo acaba de mostrar el siguiente secundario en acceder al pedestal de víctima del Estado bajo el pretexto de ser investido presidente de la Generalitat.
El guión del proceso separatista después de la intentona de octubre sigue enredado en cómo hacer ver que se mantiene vivo el golpe de octubre sin que ello tenga nuevas consecuencias penales. De ahí este pleno de investidura convocado deprisa y corriendo para aprovechar la circunstancia de la citación de Turull y otros encausados en el Supremo. El objetivo era enviar a Turull ante el juez Llarena ya investido como presidente autonómico y denunciar el desprecio del Estado por la libre y soberana decisión del Parlament, si el juez procedía a su inhabilitación o a devolverlo a prisión.
Un presidente de la Generalidad recién electo, que resultara inhabilitado o encarcelado o ambas cosas, serviría para la indispensable agitación propagandística. Y Turull se cubría en lo posible las espaldas con una intervención en la que no mentaba la ficticia república y sólo hablaba de "asumir el mandato del 21 de diciembre". El hombre está dispuesto a asumir los riesgos justos. Una cosa es hacer trabajos sucios de partido, como ser perro guardián de los corruptos, y otra distinta, agregar más pruebas a las que ya pesan en su contra por su papel en el golpe. Uno de los informes que ha entregado la Guardia Civil al juez le implica en un posible delito de malversación por una cuantía de 1,4 millones de euros, dinero público que se utilizó para hacer un censo electoral, papeletas y campañas de publicidad. No es pequeña cantidad.
El bonito plan de propaganda ha tropezado, en primera instancia, con la pata antisistema del procés. Juntos por la Estafa propone, pero la CUP, que tiene que hacer como que se resiste a la estafa, dispone. Y dispuso la abstención en la primera votación de investidura. El sacrificado Turull no podrá comparecer en el Supremo como presidente, al menos esta semana. La siguiente, ya se verá. Si no está inhabilitado o en prisión otra vez. El guiñol separatista tendrá que recurrir entonces a otro personaje secundario para mantener la atención de su público. O montar la escena de la repetición electoral. Mejor ver a Boadella.