Un ministro del autodenominado Gobierno de España desfiló ayer en medio de las cohortes del nacionalismo galaico. En concreto, se apuntó a uno de los Hate Days (1984, Orwell) que aquél organiza regularmente contra la lengua común de los españoles y, por extensión, contra España. Entre pancartas y banderas secesionistas, el titular de Justicia se manifestó, cual un fanático más, contra la posibilidad de que los escolares gallegos reciban en español alguna asignatura que no sea la gimnasia, que a tal extremo los condena el decreto pergeñado por el dúo Touriño-Quintana y todavía en vigor, pese a la promesa de Feijóo.
Vaya con el de Justicia. No quiere que los niños de Galicia aprendan español en el colegio. Esto es, se niega a darles las mismas oportunidades que tanto provecho le han reportado a él mismo. De haber obtenido Caamaño sus nociones de español de oídas y a través de la tele, que tal es la opción que dejan a los escolares, ¿qué hubiera sido de su vida? Permanecería, quizás, en la Universidad compostelana, pero ni habría logrado una cátedra en Valencia ni hubiera sido letrado del Constitucional y es difícil, aunque no imposible, que llegara a ministro.
En un acto de coherencia, Caamaño debería desaprender el español, retirar los libros que ha publicado en el idioma opresor y ejercer ese "derecho" a no escuchar la lengua de Cervantes donde pueda, que no será en Madrid. Si es contrario al bilingüismo, que obre en consecuencia. Aunque corresponde al Gobierno actuar retirando a un ministro que se muestra partidario de vulnerar derechos civiles y de expulsar de la vida pública al idioma que es lengua materna o segunda lengua de los gallegos. Claro que, entonces, tendría que marchar el Ejecutivo al completo.
Aún habrá almas cándidas que consideren la adhesión socialista a la fobia al español y a otras lacras del nacionalismo, como una maniobra coyuntural. Lo es también, pero hay una fusión de fondo entre dos corrientes que comparten un rechazo a los derechos individuales y una regresión a supuestos derechos colectivos. La presencia de Caamaño en un acto anti-español muestra, de nuevo, el íntimo carácter de esa alianza. Nada queda de aquel PSOE que, en los años ochenta, recurría por inconstitucional la Ley de Normalización Lingüística gallega. Si no fuera por los acomplejados titubeos del PP, a los socialistas les esperaría, en Galicia, un largo período de abstinencia.