Por muchos años, Estados Unidos ha mantenido una política ilógica e inefectiva respecto a la inmigración mexicana. Mientras Washington promueve un acercamiento comercial y político con México, insiste en un fracasado intento de frenar al flujo de mano de obra que diariamente cruza la frontera. En mi recién publicado estudio Trabajadores dispuestos: una solución al problema de la migración ilegal de Mexicanos a los Estados Unidos, sostengo que las leyes de inmigración han sido aplastadas por la realidad económica. La demanda de mano de obra poco calificada continúa creciendo en Estados Unidos, mientras que la oferta interna de esos trabajadores disminuye día a día. La administración Bush y el Congreso deberían colaborar en forjar una política limítrofe que se ajuste a las necesidades y aspiraciones de la gente en ambos lados de la frontera.
A pesar de las sanciones a los patronos e incrementos dramáticos en el gasto y vigilancia fronteriza desde 1986, el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy alcanza unos ocho millones, el doble de la cifra de 1986. La longitud de la frontera entre Estados Unidos y México y el gran volumen de viajeros legales prácticamente aseguran el fracaso de la actual política migratoria. Además, estos costosos y duros esfuerzos del gobierno estadounidense en frenar la migración mexicana causan gran número de consecuencias perversas, que no fueron previstas: ha fomentado el contrabando, la falsificación de documentos y otras actividades delictivas. También ha provocado la muerte de cientos de inmigrantes indocumentados que se arriesgan por lugares peligrosos de la frontera, ha afectado negativamente los salarios y es una amenaza a las libertades civiles.
Un sistema práctico que permita a trabajadores mexicanos venir a Estados Unidos legalmente ahorraría millones de dólares en sueldos de funcionarios, permitiendo que unos 3.000 millones de dólares que ahora se malgastan sean mejor utilizados en combatir el terrorismo. La experiencia indica que la legalización de inmigrantes mexicanos no representará una carga para los contribuyentes, no perjudicará a los trabajadores estadounidenses de bajos ingresos, ni en realidad aumentaría el flujo de nuevos inmigrantes, sino que los convertirá en extranjeros documentados que se ganan la vida legal y honestamente en nuestro país. Así, por medio de visas temporales de trabajo, Estados Unidos recibirá la mano de obra que requiere y se eliminan todas las perversas consecuencias de la actual inmigración ilegal.
El presidente Bush y los líderes de ambos partidos en el Congreso deberían transformar la actual política migratoria –ineficiente, retardataria, absurda y contradictoria– por otra moderna, más humana, económicamente eficiente, adaptada a las necesidades tanto de los mexicanos como de los norteamericanos y, además, compatible con las tradiciones de libertad de nuestro país.
Daniel Griswold es director asociado del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.
© AIPE
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