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El dilema americano

EEUU no debería despreciar la posibilidad de reducir su cooperación económica y política con países latinoamericanos ya de por sí maltratados por sus propios políticos. Pero tampoco debería vacilar en usar este recurso extremo contra sus caudillos.

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El futuro de las relaciones de Estados Unidos con América Latina es uno de los diversos asuntos relevantes que han pasado a un tercer plano –por no decir que han brillado por su ausencia– en la contienda presidencial norteamericana. Pero en su página online de campaña Barack Obama le dedica pinceladas generales. Su rival, John McCain, no tuvo a bien incluirlo en su página oficial, aunque le dedicó un discurso largo ante la Asociación de Radio y Teledifusores. Y ambos candidatos han lanzado perogrulladas sobre el tema cuando encaraban a los periodistas hispanos. Nada de eso bastó, sin embargo, para convertirlo en parte de los grandes debates nacionales que acompañaron la contienda.

Creo que la actitud relativamente evasiva de los candidatos hacia América Latina refleja la perplejidad y el hastío generales que hay en Washington con la conducta política y social de muchos latinoamericanos. Funcionarios públicos, periodistas y académicos norteamericanos se han cansado de las veleidades autocráticas de líderes de Latinoamérica, de su retórica antiestadounidense cargada de resentimiento y racismo, del contraste entre su fogoso discurso populista y el desprecio real por los ciudadanos a los que gobiernan (desprecio que se refleja en la forma sistemática en que les recortan sus derechos, libertades y oportunidades de progreso hasta no dejarles otra alternativa que la emigración a Estados Unidos y a Europa).

De ahí que en los círculos de pensamiento y poder en Washington se haya planteado el dilema de si el Gobierno federal debería responder a una América Latina cada vez más hostil, errática y antidemocrática, aumentando la ya considerable cooperación material y política con la región, o si por el contrario debería reducir esa cooperación. Una auténtica andanada de informes oficiales, reportajes periodísticos y editoriales críticos contribuyó a la dramática decisión de suspender un acuerdo comercial con la Bolivia de Evo Morales que podría costarles cientos de millones de dólares y 20.000 puestos de trabajo a los bolivianos. Medidas similares podrían afectar a Ecuador y Nicaragua, entre otros países latinoamericanos gobernados por profesionales del antiamericanismo, especialmente ahora que Estados Unidos atraviesa por una aguda crisis económica.

El Gobierno norteamericano no debería tomarse a la ligera la posibilidad de reducir su cooperación económica y política con países latinoamericanos ya de por sí pobres y maltratados por sus propios políticos. Pero tampoco debería vacilar en usar este recurso extremo contra la nueva hornada de caudillos que socavan las instituciones democráticas de las que se sirvieron para llegar al poder y que conspiran para diezmar a Estados Unidos. Ni el pragmatismo diplomático, ni la lucha antidrogas ni ninguna otra razón de Estado pueden justificar la continua inversión de fondos de los contribuyentes norteamericanos en países cuyos proyectos políticos consisten en ofrecerles a los ciudadanos, como únicas opciones, la virtual esclavitud o el destierro; y cuyos gobernantes usan a Estados Unidos como chivo expiatorio para disimular sus fobias ideológicas, ineptitud y corrupción.

Desde los tiempos de la Alianza para el Progreso del Presidente John F. Kennedy, la política norteamericana del buen vecino ha buscado, con innegables contradicciones y errores, promover la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en América Latina. Ese ha de ser el principio fundamental que guíe las futuras iniciativas norteamericanas en la región. Es un principio que, más tarde o temprano, obligará a Obama a escoger entre amigos verdaderos y amigos falsos o enemigos declarados.

© AIPE

Daniel Morcate es periodista cubano.

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