La diferencia esencial entre internet y otros medios de comunicación es que es masivo, como tele, radio o la prensa tradicional; pero al mismo tiempo permite la participación en pie de igualdad, como una conversación telefónica. Un blog de un tipo que sabe mucho de un tema puede tener más éxito que un diario digital. Un comentario a una noticia puede dejar en ridículo al redactor. Ningún medio tradicional puede presumir de una audiencia de más de 600 millones de personas, que son los que usan Facebook, una web cuyos contenidos son aportados exclusivamente por sus usuarios.
En España, sin embargo, parece haber una cierta tendencia a cargarse esa esencia participativa de la red. Curiosamente, no es en esta ocasión cosa de los políticos sino de jueces. Desde la primera ley que reguló internet, la polémica LSSI, se dictaminó en el parlamento que los sitios web no eran responsables de los contenidos que aportaban sus usuarios. Tenían la obligación de retirarlos si tenían "conocimiento efectivo" de la ilicitud de los mismos, lo cual se entendió que se refería a que un juzgado los declarara como tales. Parecía lógico. Si Juanito escribe en la web de Pepito que Maripuri es una póngase-aquí-el-insulto-que-prefiera la responsabilidad debería ser de Juanito, no de Pepito.
Así lo han entendido en general los tribunales, pero las excepciones se acumulan. Lo más preocupante han sido las decisiones del Tribunal Supremo, tanto en el caso Putasgae que enfrentaba a la organización de Teddy Bautista con la Asociación de Internautas como en el caso Alasbarricadas.org, que enfrentó a esta web con Ramoncín. En ambos casos se condenó a los encargados de la web por ofensas al honor de los demandantes que no habían cometido ellos, sino sus clientes o usuarios. Y se amplió el concepto de "conocimiento efectivo" a los casos en que la ilicitud es evidente y notoria.
El último caso ha sido el de Julio Alonso. El fundador de Weblogs y responsable de que algunos blogs sean negocio en España fue condenado en primera instancia por informar en su propio blog de que cuando se buscaba "ladrones" en Google apareciera la web de la SGAE en primer lugar. Acaba de perder el recurso y acudirá al Supremo. Pero los argumentos de los jueces son lo más preocupante. Se le responsabiliza no de lo que escribió él, que reputa legítimo, sino de los comentarios. Y considera que da lo mismo que Alonso no supiera en un principio de esos comentarios o que los retirara al saber de ellos. Se escribió en su web y él es el responsable. No quienes los escribieron, a los cuales la SGAE ni siquiera ha intentado identificar.
El objetivo de la SGAE, presente de un modo u otro en todos estos procesos, está bien claro: intimidar. Si los responsables somos lo que tenemos una web, censuraremos los comentarios a la mínima o directamente no permitiremos la participación. Y eso, en un medio como internet que o es participativo o no es, supone matarlo. Naturalmente, internet sobrevivirá. Pero desde luego no seremos españoles los que ofrezcamos nuevos y avanzados servicios en la red. Gracias, jueces, por hacernos aún menos libres. Y gracias, SGAE, por habernos llevado hasta aquí. Aunque luego ya saben que la culpa de su mala imagen es de los demás.