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Daniel Rodríguez Herrera

Con la ceja, contra internet

Durante estos siete años, internet ha sido para el Gobierno y el PSOE una vía más para hacer propaganda, que siempre ha sido su especialidad. Pero cuando ha tenido que mojarse, ha preferido alinearse con los lobbys afines ya establecidos.

Daniel Rodríguez Herrera
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Han sido siete años, siete años marcados por el enfrentamiento con los internautas. Algunos tuvieron miedo de que la amenaza del terrorismo sirviera para coartar las libertades que disfrutábamos en la red, pero en España nunca han hecho falta tantas excusas. Ha bastado que los profesionales del artisteo apoyaran a Zapatero, incluso algunos de los que tradicionalmente se habían colocado más a la izquierda, para que el Gobierno se volcara a legislar para proteger, nos aseguró, los derechos de propiedad intelectual. En la práctica, para intentar sostener con respiración artificial unos modelos de negocio caducos.

Primero vino el canon. Se había empezado a aplicar en los CD y DVD en 2003, tras un acuerdo privado entre los mayoristas de tecnología y las entidades de gestión, obligado por algunas sentencias judiciales. Pero fue el PSOE quien se encargó de consagrarlo en una Ley de Propiedad Intelectual cuya principal innovación fue extender el canon a prácticamente todos los dispositivos imaginables, obligando a pagar no sólo a los consumidores sino también a las empresas e incluso a la propia administración.

Pero aquello no era suficiente y, de hecho, llevó a muchos españoles a razonar que, ya que se les obligaba a pagar copiaran o no películas y música, estaban incluso moralmente legitimados para hacerlo. Así que la presión de quienes hicieron campaña por Zapatero en las elecciones de 2008 tuvo sus frutos al año siguiente con la designación de una representante del gremio, Ángeles González-Sinde, como ministra de Cultura. En la fiesta de celebración de su nombramiento, a la hasta entonces presidenta de la Academia de Cine se les escapó que lo primero de lo que le habían hablado era del problema de las descargas.

Dicho y hecho. Además de repartir pródigamente subvenciones a sus compañeros del gremio, su principal labor ha sido buscar la manera de luchar contra las descargas y el P2P, que cristalizó en la conocida como Ley Sinde. La norma propugna una forma de cerrar por vía administrativa sitios web que enlacen, ojo, no que posean, contenidos protegidos. Ayudados por Lassalle, que consiguió así cerrar a su partido una fuente de voto joven tremendamente sencilla de conquistar, la norma fue el germen del que nacería más tarde el movimiento de los indignados, que sin duda hará la vida imposible al PP si, como parece, termina ganando las elecciones.

Además, será finalmente el PP quien aplique esta ley. Aún no está publicado el reglamento, y aunque se hiciera ya, como cabe prever, sin duda se retrasará su puesta en marcha hasta después del 20 de noviembre. Otro caramelo envenenado, de importancia menor sin duda al lado de la situación económica, que seguramente Rajoy y los suyos se traguen sin rechistar.

Durante estos siete años, internet ha sido para el Gobierno y el PSOE una vía más para hacer propaganda, que siempre ha sido su especialidad. Pero cuando ha tenido que mojarse, ha preferido alinearse con los lobbys afines ya establecidos. Merced en buena medida a la regulación del sector, las conexiones a internet son en España mucho más caras que en otros países europeos. Pero los únicos cambios legislativos que ha promovido el Gobierno han sido para favorecer a los suyos. Como en tantas otras cosas, lo único que hemos recibido los internautas de Zapatero y los suyos ha sido sectarismo y desprecio.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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