Infinidad de asociaciones y sitios web ponen el grito en el cielo en cada iniciativa legislativa que tiene que ver con Internet. Los derechos que se consideran más agredidos son la libertad de expresión y la intimidad. Sin embargo, hay un campo de batalla que no se menciona nunca, y que en muchos casos puede ser el que verdaderamente mueva a los gobiernos. Tomemos como ejemplo local el periplo de la LSSI. Durante su redacción se ha cambiado un montón de cosas, y los activistas han variado a su vez las medidas concretas a criticar. Pero hay algo que ha permanecido fijo todo este tiempo: la obligatoriedad de comunicar a las autoridades los dominios de Internet que poseen las empresas. Algo que no parece atentar contra ningún derecho fundamental, pero que aumenta el control fiscal del Gobierno.
Sólo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Y no creo que haya nada que guste más a un político que los impuestos que le dan de comer a él y a sus acólitos. Es, por tanto, indignante e insufrible que pueda existir un lugar virtual en el que se realizan al día un número ingente de transacciones comerciales a las que nadie mete mano. Es un crimen que debe evitarse como sea.
El último episodio lo están viviendo en California, donde están considerando el cobro de un par de nuevos impuestos verdaderamente originales. Algo así como la tasa de conexión a la red (suponemos que más alta que la telefónica que ya se cobra) y el impuesto a… ¡bajar programas de la red! Me produce escalofríos pensar qué mecanismos van a intentar usar para averiguar qué te estás bajando de la red y distinguir los programas de todo lo demás a lo que accedes, para poder robarte como mereces. No me extrañaría demasiado que la solución a ese problema termine con los activistas de allá tirándose de los pelos. Aunque la intimidad sea “sólo” una víctima colateral.
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