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Daniel Rodríguez Herrera

El Gobierno crea la SS

La ley Sinde es un intento de que la SGAE y sus acólitos puedan cerrar webs como medida cautelar con todo el peso del Estado. Es lo que tiene disfrutar de un Gobierno a tu servicio. Si no tienes la razón, te da la fuerza para imponerte de todos modos.

Daniel Rodríguez Herrera
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De vez en cuando, si usted navega por foros o sitios sociales tipo Menéame, verá cómo se invoca la llamada "ley de Godwin", frecuentemente utilizada para terminar una discusión. Se puede formular de esta manera: "a medida que una discusión en internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende al 100%". En cualquier caso, aunque sea inevitable que en muchas ocasiones las discusiones terminen por estos derroteros, no estaría de más intentar dar los menos motivos posibles para que las cosas terminen así. Pero nada, que si quieres arroz: el Gobierno ha decidido que las webs de enlaces las cerrará la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, es decir, la SS.

La red está que trina, y no es para menos. Los internautas han vivido en sus propias carnes la forma de legislar que tiene este Gobierno. Primero, se propone un texto que va en contra de los intereses, la moral o los derechos de un grupo más o menos extenso de españoles. Este texto incluye disposiciones auténticamente desvergonzadas, como pueda ser, por ejemplo, que las menores de 16 años puedan abortar sin permiso ni conocimiento de sus padres. El alboroto subsiguiente se centra mucho en esos apartados, porque son los que más pueden movilizar a los contrarios a la ley e incluso a algunos tibios. Finalmente, en algún punto del debate, el PSOE se echa para atrás retirando parte de esos puntos tan escandalosos, pasando a argumentar que habiéndolos quitado ya no hay razones para oponerse. Y muchos se lo creen, claro.

Así ha pasado con esta ley. Los internautas han centrado sus protestas en que el cierre afectaba a derechos fundamentales, así que tenía que ser un juez quien así lo dictara y debía ser regulado en su propia ley orgánica y con un debate amplio y, a ser posible, consenso. El Gobierno dio a entender el viernes que así sería y que, por tanto, las protestas ya sólo podrían deberse a que se estaba "mal informado" –concepto muy empleado por el PSOE para englobar a quienes se ponen a sus iniciativas– o que simplemente querían bajarse cine y música gratis y se opondrían a cualquier cosa que pusiera eso en peligro.

La jugada es buena, pero no han conseguido que ni siquiera los más entusiastas del Gobierno en todos los demás ámbitos, incluyendo la gestión de la crisis, que alguno hay, se hayan tragado el anzuelo. Primero, porque el texto sigue en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que ya me dirán ustedes qué hace ahí salvo porque lo haya metido de capón el lobby de Teddy Bautista y sus mariachis, impidiendo un debate aislado y diferenciado. El Gobierno pretende así poder conseguir el apoyo de algunos nacionalistas para la medida a cambio de alguna gabela presupuestaria, y seguramente lo consiga, algo que no podría lograr de estar tramitado aparte.

Por otro lado, la introducción de la figura de un juez es casi meramente cosmética. No del todo, cierto, pues podrá frenar, pongamos, un hipotético intento de la comisión de cerrar un diario digital porque tenga enlaces a redes P2P. Pero no será un magistrado quien decida qué sitios web vulneran los derechos de propiedad intelectual y deben ser cerrados. Eso lo hará una comisión dependiente del Ministerio de la Ceja en la que estarán incluidos miembros de las entidades de gestión; es decir, los titiriteros serán juez y parte. Y podrán equivocarse lo que quieran, pues los posibles perjuicios que provoquen sus decisiones los pagará el Estado. Es decir, que si a usted le roban, quien tiene que restituirle es su seguro, si lo tiene contratado, o el ladrón, si lo pillan y tiene con qué. Sin embargo, si los artistas deciden sentirse perjudicados por una web y la cierran injustamente, quien les representará en los tribunales será el Estado y quien pague las consecuencias si los jueces dan la razón al pobre ciudadano al que violan sus derechos no será la SGAE sino los contribuyentes.

En definitiva, el texto de la ley Sinde es un intento de conseguir que la SGAE y sus acólitos puedan cerrar webs como medida cautelar con todo el peso del Estado. ¿Y por qué? Porque, cada vez más, los jueces estaban viendo estos sitios de internet como meros intermediarios que no cometían delito alguno, y por tanto se negaban a cerrarlos, en algún caso condenando a la SGAE por mala fe procesal al pedirlo. Es lo que tiene disfrutar de un Gobierno a tu servicio, plenamente dispuesto. Si no tienes la razón, te da la fuerza para imponerte de todos modos.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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