Uno siempre pensó que las restricciones a la libertad de expresión en Internet, si llegaban, tomarían como excusa algo muy escandaloso y fácilmente vendible a los ciudadanos. Léase el terrorismo, o incluso la pornografía infantil. Me escandalizó que en la propuesta de LSSI se dejara la capacidad de cerrar un sitio web en manos de una "autoridad competente" que no se precisaba, lo que abría la puerta a que probos y dilectos funcionarios tuvieran el poder de cerrarnos la boca.
Ya resultó alarmante que los primeros borradores de la propuesta de ley que reforma la LSSI, la Ley de Impulso (je) a la Sociedad de la Información (LISI), se autorizara a "órganos competentes" sin especificar a cerrar y bloquear el acceso a páginas web, una función que finalmente la LSSI del PP dejó en manos de los jueces, como no podía ser de otra forma. Cualquier alcalde podría pedir que cerraran un blog molesto. Cualquier monclovita con ánimos de censor –Moraleda, por ejemplo– podría cerrar Libertad Digital.
Sin embargo, todo es susceptible de empeorar. El último borrador especifica que con "órganos competentes" se refieren a la SGAE y demás entidades de derechos de autor. Los proveedores de servicios de Internet deberán obedecer las órdenes de Teddy Bautista cuando solicite no ya el cierre de un sitio web, sino incluso la desconexión de un usuario de Internet por hacer uso de las redes P2P.
No cabe duda de que la creación de la plataforma Todos contra el canon y su éxito en la recogida de más de un millón de firmas ha preocupado mucho al Gobierno. Es un asunto sobre el que los ciudadanos, sea cual sea su adscripción política, están de acuerdo. Ya se sabe que para Zapatero y los suyos lo único más importante que ofrecerles regalos a titiriteros y nacionalistas es ganar las elecciones. De modo que Clos y la Camarada Carmen Calvo Poyatos están haciendo el paripé de que no logran ponerse de acuerdo y posponiendo la decisión de cuánto y en qué productos se nos obligará a pagar el diezmo más allá de lo que permite la ley. Seguramente nos enteraremos del monto que habremos de pagar sumisamente a la SGAE el 28 de mayo por la mañana, bien tempranito.
Así pues, si esta propuesta provoca el escándalo que merece, es posible, puede que incluso probable, que jamás se apruebe la ley en el estado en el que está ahora. Quizá se corrija incluso antes de llegar al Consejo de Ministros. Pero ya resulta significativo que hayan llegado a pensar en imponer algo así. Parece claro que la libertad en Internet molesta al PSOE y al Gobierno; no dudan en hacer propuestas más dignas de Cuba, Irán o China que de un país democrático. Que, ahora que lo pienso, son tres de nuestras amistades más cercanas desde que Moratinos y ZP dirigen nuestra política exterior. Al final, todo encaja.
