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Daniel Rodríguez Herrera

El verdadero derecho a internet

Lo que sí es tener derecho a internet es que el Gobierno no pueda bajo ningún concepto prohibir a un operador dar servicio a un cliente si ambos están de acuerdo en los términos.

Daniel Rodríguez Herrera
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El poder no puede crear derechos. Estos pertenecen a todo ser humano por el hecho de serlo y son, como decía la Declaración de Independencia, inalienables. El poder lo que puede hacer es o bien reconocerlos y protegerlos o bien violarlos, que es lo que ha hecho casi siempre desde que el mundo es mundo. Son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad; esos que se llaman "negativos" porque para respetarlos basta con no atacar a los demás.

Pero durante el siglo XX los socialistas de todos los partidos decidieron que, puesto que sus propuestas obligaban a violar estos derechos, debían llamar a todas las medidas que apoyasen "derecho", y así justificar que estuvieran cargándose nuestras libertades. Si el "derecho a una información veraz" está al mismo nivel que la libertad de expresión, entonces está justificado montar tribunales administrativos de orden público que impongan multas y quiten licencias de emisión a quienes no digan lo que los socialistas quieren que se diga.

La última moda, inaugurada por Finlandia pero que ya amenazan con seguir con entusiasmo las demás socialdemocracias europeas, consiste en considerar el acceso a internet a una velocidad mínima de 1 Mbps como un "derecho fundamental" que debe garantizarse a un "precio razonable", que ha cifrado en 30 o 40 euros. La traducción de este grandilocuente enunciado es que dicha conexión debe ofrecerse en régimen de "servicio universal", de modo que aunque uno viva en una cabaña de Laponia donde hace años que no llega nadie y ni siquiera se ha enterado de que las copas de Europa ahora se llaman champions lij, las operadoras de telecomunicaciones deben darte internet si lo pides a 40 euros al mes como mucho.

Cuando nos quitamos de encima la retórica socialdemócrata nos daremos cuenta de que esto es ni más ni menos que una redistribución de la renta, darle a unos lo que le quitamos a otros. En este caso es menos visible, porque no es el Estado quien lo hace, sino los operadores, que cobrarán más a los usuarios que viven en el centro de Helsinki a dos metros de la centralita para poder pagar las conexiones de quienes viven a tomar viento de la civilización occidental, y que los 40 euros al mes no son capaces de sufragar ni de lejos. Pero lo llaman "derecho", y todo son "ahs" y "ohs" de admiración por los grandes avances de los países escandinavos.

Eso no es dar derecho a internet, sino obligar a unos a pagar a otros. Que oye, que puedes estar a favor de eso, pero sería un detallazo que lo llamaras por su nombre.

Lo que sí es tener derecho a internet es que el Gobierno no pueda bajo ningún concepto prohibir a un operador dar servicio a un cliente si ambos están de acuerdo en los términos. Es decir, es reconocer que el Estado no nos puede quitar algo que los ciudadanos ya tenemos. Tener derecho a internet es la no existencia de leyes como la francesa de los tres avisos. Tener derecho a internet es que el Estado no censure los contenidos que no quiere que veas. Tener derecho a internet, en definitiva, es lo que disfrutamos en general en los países occidentales, y de lo que carecen en Cuba, China, Irán, Túnez y demás países admirados por el tenaz Moratinos. Hagan el favor de no desvirtuar algo tan valioso llamando "derecho" a la última ocurrencia de unos políticos parar lograr, dicen, que el 99% de los ciudadanos se conecten a internet, enorme salto cualitativo frente al 96% que lo hace en la actualidad.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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