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Daniel Rodríguez Herrera

En defensa de la SGAE

Defender un derecho es fácil cuando eres tú el beneficiado. Pero si no lo defiendes también para los demás no estarás apoyando más que la ley del embudo.

Daniel Rodríguez Herrera
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Los piquetes informativos son una de las múltiples y varias formas que existen de imponer tus ideas al prójimo. Lo hemos visto el pasado 29 de septiembre y en todas y cada una de las huelgas en que los medios han querido y podido informar de su funcionamiento real, y no se han tragado la pantomima de los sindicatos de izquierdas que defienden al trabajador, cuando hacen todo lo posible porque su número se reduzca constantemente.

Como internet no es distinto del mundo real, tan sólo más sofisticado tecnológicamente hablando, también existen piquetes digitales que ponen silicona en las puertas y se agolpan a la entrada impidiendo entrar a los demás. Son las llamadas netstrikes, que congregan a un número suficiente de personas como para echar abajo un sitio web a base de intentar acceder a ella desde sus ordenadores.

Antaño se hacía de forma artesanal, a base de darle al F5, pero ahora se emplean unas herramientas algo más sofisticadas que se dedican ellas solas a inundar de peticiones los servidores objeto del ataque, de modo que un número inferior de participantes puedan cumplir su objetivo, que es impedir que quienes deseen visitar un sitio web concreto puedan hacerlo. Es algo así como si se juntaran varios centenares de personas en la puerta de las rotativas de un periódico para impedir que salga a la calle.

De modo que cuando la RIAA y la MPAA contrataron a una empresa para que hiciera un ataque de este tipo contra varios sitios web de enlaces, aquello fue una acción ilegítima; la contestación, por parte de un grupo llamado Anonymous, supuso una forma de tomarse la justicia por su mano. ¿Está bien? Pues hombre, no. Pero entiendo que es una postura defendible; si no hay otra ley que la del Talión, sea. ¿Pero qué tiene de defendible atacar a la SGAE, el Ministerio de Cultura y Promusicae?

Supongo que a estas alturas no seré sospechoso de mantener una gran amistad con la Sinde, el Teddy y sus cuates. Pero eso no quita que haya cosas reprobables se hagan por lo que se hagan. El Código Penal considerará estas acciones como delito a partir de diciembre, y me parece perfecto que así sea. Un netstrike es un ataque a la libertad y la propiedad del atacado, una coacción impuesta por la fuerza, del mismo modo que la silicona lo es.

Pongamos un ejemplo contrario, para que la justa ira que nos provoca la mera mención de las siglas de la SGAE no nos nuble la mente. Un grupo de izquierdosos de esos que gustan de llamar facha a todo aquel que esté a la derecha de Stalin se juntan y montan una netstrike por motivos políticos contra Libertad Digital. ¿Les parecería bien que unos centenares de totalitarios le impidieran a usted acceder a este diario? Me supongo que no. Defender un derecho es fácil cuando eres tú el beneficiado. Pero si no lo defiendes también para los demás no estarás apoyando más que la ley del embudo.

Existen motivos prácticos para oponerse a lo que ha sucedido, como rechazar que se asocie la lucha contra la SGAE con el vandalismo digital, de modo que los de Teddy queden como víctimas, pero no son lo importante. Lo mollar es que la regla básica de la convivencia en una sociedad donde merezca la pena vivir es aquella de que tu libertad no te legitima para coartar la libertad del prójimo. Esto no es una protesta legítima. Llevamos muchos unos cuantos años protestando legítimamente como para que nos mezclen con unos vándalos. Quién me lo iba a decir, pero a mis años resulta que estoy de acuerdo con Ricardo Galli. ¡Acabáramos!

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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