Elisa Beni ha descubierto de repente que las lenguas las emplean los políticos como espadas. Nunca lo había hecho durante las décadas de inmersión lingüística con que los separatistas catalanes someten a los niños catalanes. Jamás había levantado la voz contra las multas que la Generalidad impone a los comerciantes que llaman a su negocio Fincas y no Finques. Para ella, estas medidas inusuales y extraordinarias que no se aplican en casi ningún país o región bilingüe del mundo deben ser motivo de alabanza, no de crítica. Pero ha bastado una tímida iniciativa de Ciudadanos para intentar garantizar el derecho de todos los españoles a que sus hijos se puedan educar usando el castellano como lengua vehicular para despertar las iras de los profesionales de la equidistancia.
Ni Ciudadanos ni Rajoy –¡Dios lo libre de hacer política!– promueven nada ni remotamente similar a prohibir el catalán o el gallego en las escuelas; al contrario, su enseñanza como primera o segunda lengua estaría garantizada. Tan sólo pretenderían garantizar la libertad de elegir de los padres, esa que a Beni le parece tan secundaria y poco importante que ni la menciona. Para los castellanohablantes en territorio comanche no hay palabras de amor, quizá porque Beni parece confesar en su pieza que necesita ligar con alguien para sentir algún tipo de empatía por su lengua, y se ve que nunca ha incluido en su chorboagenda a nadie cuyo hijo suspenda porque se empeñan en imponerle una lengua que no es la suya.
¿Los argumentos para defender la imposición? Son tan repetidos como ridículos. Como para Beni esto va de lenguas, y no de personas, le parece un motivo importante para prohibir que se enseñe en español en escuelas españolas que también se hable en Acapulco o Lima. No, claro que el español no se muere por que unos fanáticos totalitarios lo erradiquen de las aulas sobre las que tienen control. Pero es que el problema no es ni ha sido nunca la salud del castellano, sino los derechos de los padres a poder elegir la lengua en que se enseña a sus hijos. Algo que jamás ha importado nunca a ningún nacionalista, como tampoco le ha preocupado nunca lo mucho que afecta a los resultados académicos de esos niños el proceso de inmersión, porque lo importante es emplear la lengua para separar y construir país. Las personas y sus problemas son prescindibles: lo que cuenta es la nació. ¿El otro argumento de Beni? Que imponer la lengua de la mitad a los hijos de todos fomenta la cohesión. Sí, en serio, la cohesión. Porque todos estamos pudiendo contemplar estos últimos meses lo magníficamente cohesionada que está Cataluña gracias a su adorado fascio redentor catalanista.
Otra equidistante, Julia Otero, ha alabado la excrecencia de Beni lamentándose de que "algunos defiendan el derecho a no saber", como si la propuesta prohibiera la enseñanza del catalán, el gallego o el vasco, que seguirían siendo obligatorias como asignatura. Porque parece que si no es lengua vehicular el catalán es un idioma imposible de aprender, pero en cambio el castellano sí se aprende perfectamente relegado a dos horas a la semana porque lo hablan en los recreos. Como todos los profesionales de la equidistancia, como los que no están ni con la declaración de independencia ni con la aplicación del 155 pero sólo critican a los del 155, Otero y Beni dicen defender la cohesión y el aprendizaje para someter a los mismos de siempre, a los que el nacionalismo de aldea y tractor señala como el enemigo a destruir. En este país del que usted me habla se ha impuesto la idea de que lo más paleto y menos cosmopolita es siempre moralmente superior si conspira en contra de lo que nos une. Quienes viven en la teórica equidistancia en los detalles siempre están en contra de España y de los españoles. Ya es casualidad.