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Daniel Rodríguez Herrera

La falsa Declaración de Hamburgo

Los editores de los diarios europeos pretenden que Google, además de puta, ponga la cama. Sus pretensiones tienen poco que ver con la Justicia, que supone dar a cada uno lo suyo, sino con la redistribución forzosa de las rentas.

Daniel Rodríguez Herrera
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Se puede expresar de muchas maneras. Que les ha hecho caso omiso, si uno es fino. Que les ha enseñado el dedo corazón, como afirma Robert Andrews en The Guardian. Que les ha mandado a tomar por salva sea la parte. Pero se diga como se diga, lo cierto es que Google ha despreciado a los editores europeos y su pomposa Declaración de Hamburgo, en la que vienen a decir que hay que proteger mejor su propiedad intelectual y que no deben ser obligados a ofrecer gratuitamente sus contenidos.

El texto de la declaración no es el problema. En realidad, casi todo el mundo podría suscribirlo, que quizá es la razón por la que muchos lo están haciendo. Pero la intención y las declaraciones que lo acompañan son claras: quieren que los buscadores y agregadores de noticias como Google News les paguen. Como dice Josh Cohen, de Google, si nos ceñimos a la declaración en sí, lo cierto es que los editores ya tienen todo el control respecto a qué contenidos publicar gratis y qué contenidos hacer de pago, así como qué contenidos quieren que aparezcan en los resultados de los buscadores y cuáles no. Lo primero pueden hacerlo con un sistema de pago, como ya hacen muchos. En cuanto a lo segundo, se trata de dos simples líneas de código:

User-agent: *
Disallow: /

Existe un protocolo ya bastante antiguo que consiste en colocar un fichero llamado robots.txt que contiene una serie de instrucciones para permitir o impedir que los buscadores indexen todo o parte del sitio web. Pueden ustedes verlo aunque no lo entiendan; basta con que añadan robots.txt detrás del nombre del dominio; por ejemplo, http://www.libertaddigital.com/robots.txt. No existe ninguna obligación de seguir esas instrucciones, pero los buscadores las obedecen voluntariamente. Y si ese fichero tuviera sólo esas dos líneas, Google, Bing y demás compañeros mártires dejarían de indexar esa web.

¿Qué es lo que pasa? Que los editores no son tan tontos. En realidad no quieren que se cumpla lo que dicen explícitamente en la Declaración de Hamburgo, sino que las autoridades hagan una ley que atienda las peticiones con que acompañan a la presentación de ese texto. Quieren el tráfico que viene de los buscadores y que además estos les paguen por enviarles clientes. Por seguir el estilo claro y didáctico del señor Andrews, pretenden que Google, además de puta, ponga la cama.

Estas pretensiones tienen poco que ver con la Justicia, que supone dar a cada uno lo suyo, sino con la redistribución forzosa de las rentas. No se diferencia en nada del impuesto que el Gobierno ha puesto a las televisiones privadas y a las operadoras de telecomunicaciones para pagar el despilfarro de RTVE. Tan sólo se diferencia el nombre del expoliado, en este caso Google, y el de los privilegiados por el poder político, que aquí serían los diarios.

No voy a engañarles, es posible que terminen teniendo éxito. No cometerán el error de otros y no intentarán sacarle las perras al blog que copie un texto, a no ser que ese blog pertenezca a una red profesional como Weblogs S.L. Es posible que ni siquiera vayan a por la fotocopiadora digital de los hermanos Rojo. Se limitarán a atacar a los grandes de internet, porque mientras lo hagan el europeo medio se sentirá satisfecho. Porque no cree que la Justicia sea dar a cada uno lo suyo, sino que se haga daño a quien ha tenido éxito.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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