Si en algo insistimos frecuentemente los liberales es que el Gobierno debería procurar limitarse a sus funciones esenciales, esto es, la seguridad y la justicia; algunos incluso consideran que éstas podrían llevarlas a cabo empresas privadas. Pero al margen de esa discusión, a día de hoy puramente académica, lo que sí parece claro es que cuanto más abarque el Gobierno, más desatenderá aquello que le da razón de ser, la causa última de su existencia. De modo que tenemos embajadas regionales pagadas con dinero de los impuestos, pero los delincuentes campan a sus anchas y los procesos tardan años en dirimirse en los tribunales.
Un ejemplo bien claro de todo esto lo estamos viendo en internet. Tras largos años de preocupación por lo que la lucha contra el terrorismo podría hacerle a nuestras libertades y nuestra intimidad en la red, es la acción de un lobby la que más daño les está haciendo. Su último éxito es Irlanda, donde ha logrado que las operadoras se plieguen a sus intereses bajo la amenaza de obligarlas por la vía judicial. Ya no será un sistema de tres avisos, sino sólo de dos. Las discográficas ya han amenazado a la competencia, y es de esperar que ésta no tarde en unirse al acuerdo.
Aquí, en España, los rumores de un acuerdo entre Redtel y la SGAE son cada vez más insistentes. Sería un pacto evidentemente forzado por la amenaza latente de que el Gobierno de los titiriteros, aun prefiriendo no asomar demasiado la cabeza en este asunto, asumiría su responsabilidad para con los suyos si fuera necesario. Así, no sería de extrañar que en breve se anuncie un sistema similar al adoptado en cada vez más países de Europa.
Y, aún así, no constituiría más que un pequeño bache para los internautas que sería solventado con la misma facilidad con que lo fue el cierre de Napster. Las últimas estadísticas muestran que el P2P se ha estancado debido al creciente auge de los servicios de descarga directa como Megaupload o Rapidshare y también a que parte de los contenidos que antes se buscaban en las redes de pares ahora están disponibles en la web de forma gratuita en forma de streaming, es decir, que se pueden ver pero no descargar. Para que luego digan que es imposible competir con lo gratis. Muchos usuarios parecen dispuestos a tragarse anuncios a cambio de la comodidad y facilidad de uso de estos servicios.
Además, el ataque contra las redes P2P lo único que conseguirá es que los usuarios pasen a alternativas que cifren los datos y "engañen" a las operadoras mediante la llamada ofuscación de protocolo, que hace ver que en lugar de bajarnos una peli porno por BitTorrent estamos leyendo El País.com, tarea tan progresista que sin duda hará pensar a las operadoras que estamos con Teddy y no somos de temer.
¿La vida seguirá igual, entonces? Bueno, para los lobbys sí. Después de intentarlo todo seguirán necesitando cambiar la manera en que se explotan los contenidos musicales y audiovisuales, algo que deberían haber hecho hace una década, cuando aún no estábamos acostumbrados a no pagar por nada. Pero no seguirá igual para internet. Las operadoras tendrán no sólo el permiso sino la obligación de husmear en nuestro tráfico. La relativa intimidad y anonimato del que disfrutábamos en internet habrá acabado. Parece un precio demasiado alto para no lograr absolutamente nada a cambio.