El Congreso de los Diputados dio el pasado 31 de octubre el visto bueno a la LISI, que pese a su nombre no es ninguna señorita de vida disipada sino la sucesora de la LSSI, la ley de internet del PP que tanta polémica y tantas protestas generó. Eso no significa que esté en vigor, pues como todas las leyes ahora deberá acudir al Senado y, si allí se la enmienda, volver al Congreso. Sin embargo, lo que se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP (para variar) nos pone sobre la pista de que lo que finalmente se apruebe. Esta ley tiene cuatro puntos esenciales que en su día comentó Enrique Dans, aunque su visión sobre ellas sea, para qué engañarnos, bastante distinta a la mía.
El primero y sin duda más polémico es el que se refiere a la posible retirada de contenidos de internet por violar la ley sin que un juez tenga que aprobarlo. Parece que al final no han incluido el polémico artículo 17bis, que es como el Guadiana y aparece y desaparece de vez en cuando, y que permitía a la SGAE obligar a los proveedores a retirar contenidos o desconectar personas que "violaran los derechos de autor". Sin embargo, la ley abre la puerta a que "organismos competentes" no especificados puedan hacer lo mismo que el 17bis permitía a la SGAE; la cuestión es que entre los motivos ya no están los derechos de autor, sólo "la seguridad, la salud, el consumo o la protección de la infancia", lo cual da manga muy ancha a la censura previa. Según el Partido Pirata, "un blog alojado en una página web no es equiparable a un bar clausurable por sanidad ni a un producto retirable por consumo, ni a un anuncio, es mucho más". Es una publicación y debe disfrutar del derecho constitucional a la libre expresión.
Después está la liberación de la información pública. La ley obligará a las administraciones a poner a disposición de todo el mundo –eso sí, sin fecha– todos los contenidos de titularidad pública que sean digitales o estén ya digitalizados. Éstos se podrán copiar, estudiar o distribuir de forma libre pero, ojo, no modificar ni crear obras derivadas. De modo que la gente de Hispalinux ya ha protestado, porque eso elimina una de las libertades clásicas del software libre e impide que sus legítimos dueños, los que hemos pagado la creación de esos contenidos, podamos usarlos como queramos.
Y para terminar, y en términos más económicos, tenemos dos puntos que afectan más a la infraestructura de internet en España. El primero es la llamada "neutralidad de la red", que es una solución en busca de un problema. La idea es prohibir a las compañías de telecomunicación que discriminen en la información que circula por la red y den más prioridad a una que a otra, o impidan el acceso a una parte de internet, etc. El caso es que, hasta ahora, podían hacerlo sin problemas legales y no lo han hecho. En España, excepto el caso de Ono, que se sabe que bloquea el acceso a las redes P2P en algunas zonas por problemas de ancho de banda, no tengo noticias de que suceda pese a que no exista ley que lo impida. La razón es evidente: a los usuarios no nos hacen ninguna gracia esas prácticas y, aunque sea cierto que no hay mucha competencia en el sector, alguna hay, de modo que podemos cambiarnos de proveedor. Regular esto es querer meter al Estado donde ninguna falta hace. Y, por una vez, el Gobierno socialista ha estado de acuerdo en que no es necesario meter la mano de más.
El otro se refiere es la declaración de la banda ancha como un servicio universal, es decir, que exista obligación de llevarlo a toda la geografía española para el 31 de diciembre de 2008. Permitan que me ría con el plazo que dan; parece que piensen que poner unas palabras en papel trimbrado permite la aparición de infraestructuras mágicamente, de la noche a la mañana. Pero plazos aparte, y aun sabiendo que voy a sonar muy políticamente incorrecto, no me acaba de gustar esta decisión. ¿Por qué? Porque lo pagaremos usted y yo. Del mismo modo que un tío de un pueblo perdido de Cuenca no me va a pagar parte del piso, ni debe, con el dinero que se ahorra no viviendo en Madrid no sé por qué debo pagarle yo para que tenga internet. Cada lugar de residencia tiene sus ventajas e inconvenientes y cada persona debería ser responsable tanto de unas como de otras. Eso del "servicio universal" lo defienden muchos como un "derecho". Es decir, como algo que debe sufragar otro porque a ellos les parece bueno que lo disfruten quienes no están dispuestos a pagar lo que cuesta.
En definitiva, la nueva ley ofrece una de cal y otra de arena. El problema es que la amenaza a la libertad de expresión parece mucho más grave que cualquier otra cosa que tengan a bien incluir. Mientras eso no desaparezca, lo demás es lo de menos.
