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Daniel Rodríguez Herrera

Las cuentas de la lechera

Como campaña para intentar obligarnos a pagar un canon por el uso de Internet es un poco chapucera aunque, como los mentirosos documentales de Michael Moore, igual convencen a alguien

Daniel Rodríguez Herrera
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Una de las asociaciones más divertidas de los últimos tiempos es la Asociación de Compositores y Autores de Música. Aunque fundada en 1995, sólo en el último año ha decidido mostrarse al público como la versión radical de la SGAE y enemiga impenitente del progreso y la modernidad, es decir, de Internet. Liderada por músicos de tanto éxito, calidad y presencia activa en la escena musical actual como Caco Senante o Teo Cardalda –que levante la mano quien haya escuchado algo creado por ellos en la última década–, su discurso público se ha centrado en pretender hacer pasar a Teddy Bautista por un moderado. Es algo así como la labor que intentó hacer Michael Moore con John Kerry y, previsiblemente, con los mismos resultados: confundir los discursos de uno y otro y hacerlos parecer a ambos como el ala más izquierdista del partido demócrata.
 
Su último hallazgo ha sido hacer "reconocer" a Telefónica que el 80% del tráfico de las líneas ADSL consiste en intercambio de archivos. A partir de ahí llega el delirio. Puesto que ha 2.800.000 líneas instaladas y cada una cuesta unos 30 euros, Telefónica ingresa 840 millones de euros. De ahí se extrae el 80% y, de lo que nos queda, el 66'6% que correspondería a archivos musicales, de lo que nos quedan 447 millones de euros que Telefónica ingresa a costa de los sufridos músicos, frente a los 300 que factura la industria discográfica española.
 
El cálculo es completamente ridículo.En primer lugar porque todas las calculadoras consultadas por este reportero informan de que 2.800.000 multiplicado por 30 da un resultado de 84 millones y no 840; un extremo confirmado por el viejo método del lápiz y papel, para que nadie ose culpar de esta conclusión a dispositivos tecnológicos seguramente implicados en el robo masivo de propiedad intelectual musical. Si la cifra de 840 se refiere a facturación anual, como aseguran, entonces la cifra correcta sería de 1.008 millones, lo que demuestra que ponen tan poco cuidado en las cifras que se equivocan en su contra.
 
No obstante, lo realmente importante es que las cuentas de la lechera de la ACAM confunden interesadamente un coste, el mantenimiento de caudal suficiente para hacer frente a ese tráfico de intercambio de ficheros, con un ingreso, lo que pagan los usuarios por esas líneas. Es cierto que una teórica prohibición efectiva de dichos intercambios reduciría el número de líneas instaladas, pero no se puede saber en qué medida. Hasta es posible que las empresas de telecomunicaciones salieran ganando al ser menor la pérdida de ingresos por líneas contratadas que el ahorro en el mantenimiento de dicho caudal de tráfico. Porque lo que la ACAM no puede saber es el número de internautas que dejarían de pagar el ADSL por una prohibición del P2P y, de hecho, ni lo intenta. Tan sólo pretende convencer primero a los periodistas y luego a los usuarios de que ese porcentaje es del 80%.
 
Como campaña para intentar obligarnos a pagar un canon por el uso de Internet es un poco chapucera aunque, como los mentirosos documentales de Michael Moore, igual convencen a alguien. Lo divertido sería que los principales blancos de los ataques de esta asociación, Telefónica y la Asociación de Internautas, por otro lado enemigos casi naturales, terminaran uniéndose para hacerles frente. Pero este apéndice de la SGAE es tan poca cosa que, la verdad, dudo que ninguno de los implicados se moleste.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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