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Daniel Rodríguez Herrera

Los metomentodo de FACUA, contra Gmail

Aunque Google averiguara hasta la talla de calzoncillos que uso por medio de mis mensajes, eso no es de la incumbencia ni de FACUA ni de nadie si yo les he dado permiso al abrirme una cuenta en Gmail.

Daniel Rodríguez Herrera
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No les bastó con quejarse porque unas azafatas decidieran voluntariamente posar para un calendario con fines benéficos vendido por su empresa, Ryanair, con peregrinos argumentos sobre la dignidad de la mujer; dignidad que parece consistir en que cuatro metomentodo subvencionados decidan por ella lo que puede o no puede hacer. No, los de la asociación de consumidores por la prohibición del consumo de lo que no les gusta vuelven al ataque, y esta vez contra Google. En concreto, contra Gmail, al que califican de "correo espía" y al que quieren ilegalizar.

Veamos qué definen como espionaje estas histéricas: que el software de Google examine los mensajes que llegan a un usuario en busca de palabras clave que pueda emplear para mostrar anuncios personalizados a la vera del correo que estamos leyendo, para "olvidarse" inmediatamente de ese contenido. Preocuparse por esto y calificarlo además de "espionaje" demuestra una ignorancia abismal sobre el funcionamiento de la tecnología de internet. Google ya tiene que "leer" el correo (espiarlo, en jerga facuense) para poder mostrárnoslo; buscar palabras en él para mostrar anuncios, siempre y cuando no almacene los resultados de esa búsqueda, no añade ni quita nada a ese hecho. Pero no sólo Google, claro; todos los correos web tienen que hacer lo mismo.

En todo caso, aunque Google averiguara hasta la talla de calzoncillos que uso por medio de mis mensajes, eso no es de la incumbencia ni de FACUA ni de nadie si yo les he dado permiso al abrirme una cuenta en Gmail. Al parecer, para ellos "no es lícito que un usuario que recibe un mensaje sobre, por ejemplo, la muerte de un familiar o la devolución de recibos en su banco por falta de saldo, sea invadido por los anuncios funerarias o empresas que le ofertan créditos para saldar sus deudas". Traducido del progre al castellano: algo ilícito es algo que no nos gusta. Pues no te abras una cuenta en Gmail, pero déjanos a los demás.

Pero bueno, lo que pueda opinar una asociación de defensa del consumidor, de esas que afirman que defenderte consiste en prohibirte hacer lo que estimes oportuno, no debería ser tan importante. Al fin y al cabo, llevan años quejándose por lo mismo. No, el problema es que han encontrado apoyo en una declaración de la Agencia de Protección de Datos, que afirma que de acuerdo con un dictamen de un grupo de trabajo de la Unión Europa a partir de ciertos artículos de una directiva sobre protección de datos, a su vez traspuesta en la ley española sobre la materia, Google no puede examinar el correo para poner anuncios personalizados. Vamos, que han pedido ayuda al primo de Zumosol y éste ha acudido raudo y veloz.

El problema es que los artículos que cita el organismo español no permiten deducir nada, ni a favor ni en contra. Es más, el dictamen al que hacen referencia, aparte de llamar "buzonfia" al spam, que ya les vale a los traductores de la Unión Europea, no dice absolutamente nada sobre el análisis de los correos con fines publicitarios. Y los artículos de las directivas europeas que cita no prohíben dicha operación, salvo que se haga "sin el consentimiento de los usuarios interesados", que no es el caso, porque tú das permiso al abrirte una cuenta en Gmail.

Desgraciadamente, tenga o no tenga sentido lo que dice la Agencia de Protección de Datos, son el Estado, y como tal disponen de la coacción legítima para hacer avanzar sus intereses. De modo que discúlpenme si me empiezo a preocupar. Es que uso Gmail y me lo quieren cerrar.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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