Si hay algo que demuestra la información que revela hoy Libertad Digital es que las aplicaciones de voto electrónico no parecen aún lo suficientemente maduras para ser utilizadas. Ni la tecnología ni los encargados de vigilar el proceso electoral, la Junta Electoral Central, parecen preparados para un cambio de tanta magnitud. Tras el fracaso de esta primera prueba, el gobierno debería paralizar el avance de este nuevo riesgo para la democracia.
El mismo concepto de voto electrónico parte de un grave problema. En el sistema tradicional contamos los votos, que tenemos físicamente en papel. Por el contrario, con el voto electrónico contamos sólo el registro de los votos. El voto consiste en haber pulsado un botón en una máquina situada en el colegio electoral o en enviar nuestra elección a través de Internet por medio del click de un ratón. Eso es algo que se pierde en el momento de realizarse, disponiendo sólo de una serie de bits imposibles de verificar como recuerdo. Aún en el supuesto de un sistema sin los fallos que ha demostrado tener el de Indra, que garantizara la seguridad, el anonimato y la no suplantación de los votantes, seguiríamos teniendo problemas. Porque, al final, nos veríamos en la obligación de confiar en quienes cuentan los votos, que ya no serían miles de ciudadanos vigilados por interventores, sino unas pocas máquinas imposibles de verificar y quienes en el gobierno tienen acceso a ellas.
Hasta ahora, tan sólo la llamada urna electrónica, que lee el voto con escáner cuando se introduce en la urna, ofrece unas garantías parecidas al voto tradicional, aunque no aporta tampoco más ventajas que la rapidez del recuento. Es posible que en el futuro vayan surgiendo nuevas formas de emplear la tecnología que ofrezcan una confianza mayor que meter un papel en una urna. Pero mientras éstas no existan, no debería siquiera pensarse en realizar pruebas como la que este domingo ha perpetrado el Ministerio del Interior.
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.
