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Y si no, nos enfadamos

Se han excedido tanto en sus pretensiones que el escándalo al saberse el contenido del 17 bis y la cercanía de las elecciones han obligado al Gobierno a echar marcha atrás y a plantear el debate desde cero, y no a partir de un texto a la medida de la SGAE

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El pasado jueves, los representantes de la SGAE y demás compañeros mártires dejaron claro que la máxima inspiración de los artistas españoles se encuentra en aquel dúo de italianos con nombre artístico anglosajón que hicieran las delicias de los niños allá por los años 70. Acostumbrados como están a salirse con la suya sin que los españoles, mayoritariamente contrarios a su canon en todo rango de edades y afiliaciones políticas, sean consultados o siquiera tenidos en cuenta, se marcharon dando un portazo de la reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) en cuanto Francisco Ros, secretario de Estado de la cosa, explicó su intención de abrir un debate sobre el temible artículo 17 bis.

¿Qué no nos dais la capacidad legal de censurar páginas web? Pues nos enfadamos y nos vamos. Hay que recordar que el polémico artículo, que paradójicamente iba a formar parte de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor la potestad de ordenar a los proveedores de Internet tanto el cierre de páginas web que consideraran que violaban los derechos de sus asociados como la retirada del acceso a los usuarios que compartieran contenidos protegidos, todo ello sin intervención judicial y ni siquiera administrativa. En definitiva, les facultaba para ser juez y parte. Ese era el impulso a la sociedad de la información que habían acordado con el Gobierno de Zapatero.

Además, la polémica inclusión de este artículo en el anteproyecto de ley se había realizado sin consultar con el CATSI, donde están representadas las asociaciones de internautas, los proveedores de Internet y otras empresas tecnológicas, además de la SGAE y acólitos. Es decir, se intentó colar por la puerta de atrás. La idea, como suele suceder, era imponerla como hecho consumado y que el debate tuviera lugar a partir del artículo 17 bis ya incluido en el proyecto de ley y en trámites de ser aprobado. Es la táctica habitual de las gestoras de derechos: mover el debate hacia sus posiciones de modo que, sea cual sea la conclusión del mismo, seguro que algo de terreno ganan. Hacen lo mismo, por ejemplo, al hablar de meter el canon en la cuota que pagamos al conectarnos a Internet, de modo que tengamos que pagar por conectarnos, almacenar lo que nos bajemos, por el aparato de grabación y por el soporte donde lo guardemos. Si pasamos a discutir sobre lo malo que sería, ya nadie protestaría por el canon realmente existente, y de nuevo jugaríamos en la parte del tablero que le interesa a la mafia de autores y discográficas.

En esta ocasión, sin embargo, se han excedido tanto en sus pretensiones que el escándalo al saberse el contenido del 17 bis y la cercanía de las elecciones han obligado al Gobierno a echar marcha atrás y a Francisco Ros a plantear el debate desde cero, y no a partir del infame texto legal hecho a la medida de quien interpretara en Jesucristo Superstar el muy apropiado papel de Judas Iscariote. De modo que Pedro Farré y demás representantes de las gestoras en el CATSI se enfadaron y se largaron de la reunión, al ver que por primera vez les fallaba su táctica preferida. Menos mal que no se dedicaron a dar puñetazos al estilo de Bud Spencer y Terence Hill en aquella película española en la que se podía contemplar una ribera del Manzanares prácticamente yerma. Ganas, desde luego, no les faltan.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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