En mayo de 1999, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña decidió no renovar tres de las licencias radiofónicas que la cadena COPE tenía en Cataluña. Por aquel entonces, el Gobierno nacionalista de Convergencia i Unió decidió castigar a una empresa que ni entonces, ni ahora, se ha caracterizado por su indiferencia frente a los excesos del nacionalismo catalán. La decisión de CiU no sólo perjudicó a la COPE, sino que castigó, también, a los más de ciento veinte mil catalanes y catalanes que en aquellos momentos la escuchaban.
Hoy son más de 170.000 catalanes y catalanas los que escuchan cada día esta emisora. Hoy, cinco años después, otro gobierno nacionalista, presidido por Pasqual Maragall, quiere bajar la persiana a la COPE en Cataluña. En 1999, el entonces presidente de la Generalidad justificaba la decisión argumentando que la libertad de expresión debía “utilizarse bien para la gente y no para explicar mentiras”. Yo mismo interpelé al Gobierno de la Generalidad y pregunté a Pujol cual era el poder divino que le permitía dirimir quién decía la verdad y quién mentía.
Ahora, el Gobierno tripartito vuelve a la carga. Maragall respondió a Carod Rovira en el pleno del parlamento que no debía ser el Gobierno sino “otros” los que denunciaran a la COPE. Este viernes, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), el socialista Josep Maria Carbonell, informaba de la apertura de un expediente para saber si “las informaciones de la COPE en temas relacionados con Cataluña vulneran el artículo 20 de la Constitución”. No sé si Maragall se refería al CAC o a El Periódico de Catalunya cuando aludía a los “otros” pero no recuerdo que este organismo abriera algún expediente cuando, por ejemplo, desde Catalunya Ràdio se pedía que se “esterilizase” a la candidata del PP por Barcelona en las últimas elecciones generales porqué, según ellos, alguien que era capaz de “asesinar niños en Irak no tenía derecho a tener hijos”. Conozco personalmente a Carbonell y valoro su trayectoria en defensa de la libertad y la democracia, por encima incluso de su militancia política.
Cuando en 1999 el Gobierno de CiU le quitó las licencias a la COPE, interpelé al Gobierno en el Parlamento catalán y en el debate intervino el diputado del PSC y hoy presidente del CAC, Josep Maria Carbonell. Estoy convencido que el CAC mantendrá su independencia del poder político. Si la COPE injuria o calumnia, que las personas injuriadas o calumniadas se querellen contra quien injuria o calumnia, pero no utilicemos las instituciones para castigar a unos profesionales que ejercen su derecho constitucional de informar y opinar sobre lo que hace el Gobierno de turno.
Hoy, más que nunca, creo conveniente recordar lo que el ahora presidente del CAC dijo en el Parlamento de Cataluña el 19 de mayo de 1999, dirigiéndose a Xavier Trias, Consejero de la Presidencia: “Mire, señor Consejero, la calumnia y la difamación son un delito. Si alguien cree que dice mentiras debe ir a los tribunales. Dígame, señor Consejero, ¿quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. De pronto, el presidente de la Generalidad se convierte en un censor y, además, en un censor ejecutivo. Hoy es la COPE, mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste. (...) Estas afirmaciones cambian la lógica de nuestro sistema democrático al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. En Cataluña hace falta más libertad, más pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados. Debemos romper silencios y favores que podrían pudrir las aguas del oasis. Nosotros queremos un país de puertas abiertas, un país que quiere ser más libre y aireado y para serlo necesitamos más libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Esto, Consejero, es lo que está en juego.”
