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Déficit democrático

Entidades bancarias, empresas, partidos políticos, edificios oficiales y empresas de trabajo temporal son algunos de los objetivos elegidos por quienes actúan de igual modo que los que protagonizan la kale borroka en el País Vasco

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Son muchos los jóvenes independentistas que llevan ya algunos años intentando convertirse en héroes por manifestarse de forma violenta contra el PP, contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, contra la policía local de Sabadell o contra los Mossos d’Esquadra en Berga. También se atreven a amenazar de muerte a los intelectuales que, como Albert Boadella, Francesc de Carreras o los miembros de la Asociación por la Tolerancia, se atreven a denunciar los intentos de imponer, desde el poder político y mediático, el pensamiento único en Cataluña. Estos son sólo algunos desgraciados ejemplos que ponen de manifiesto la falta de cultura democrática y de capacidad de diálogo que aún existe en algunos sectores de la sociedad catalana. Son, afortunadamente, una minoría de individuos que tienen la absurda e indignante pretensión de convertirse en los abanderados y defensores de unas libertades y derechos que ni ellos mismos son capaces de respetar. Alguien debería explicarles —si acaso alguna vez son capaces de escuchar los razonamientos ajenos a sus consignas y abucheos— que no tienen derecho a manifestarse de forma violenta contra aquellos que, de forma pacífica y democrática, se reúnen para diseñar en común un proyecto político para Cataluña o contra aquellos que tienen asignada constitucionalmente la función de garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Es legítimo en democracia manifestarse públicamente para reivindicar cambios en la orientación política de los Gobiernos. Lo que no parece razonable es que no se utilicen los mecanismos de los que la sociedad se ha dotado para hacerlo. Por ello, a los miembros del Partido Popular nos asiste el derecho constitucional de poder pronunciar con normalidad democrática una conferencia en Girona, participar en un acto sobre políticas de igualdad en Cornellà o presentar, sin coacciones ni amenazas, una candidatura municipal en Ripoll. De igual modo, no podemos tolerar que alguien pueda decir que la simple presencia de los agentes de la autoridad en un concierto en Berga supone una provocación. Aquellos que tratan de impedir el ejercicio normal de la democracia mediante la violencia, el insulto y la coacción sólo pueden ser considerados como enemigos de la democracia. Y es contra ellos contra los que los demócratas debemos unirnos. Aquellos partidos que desde la oposición consideraban una provocación que, por ejemplo, Aznar visitase Cataluña, y hoy tienen la responsabilidad de gobernar, deberían reflexionar profundamente sobre lo que viene sucediendo en Cataluña en los últimos años.
 
Cataluña ha registrado más de trescientos ataques con explosivos en los últimos diez años. Entidades bancarias, empresas, partidos políticos, edificios oficiales y empresas de trabajo temporal son algunos de los objetivos elegidos por quienes actúan de igual modo que los que protagonizan la kale borroka en el País Vasco. En Cataluña es políticamente incorrecto decir que la situación empieza a asemejarse a la que se vive en las calles del País Vasco, pero debería ser motivo de preocupación para los partidos que alientan o que callan ante este tipo de acciones radicales, que en la Cataluña del siglo XXI, en el contexto de una sociedad plural, tolerante y abierta, existan grupos radicales que, bajo el pretexto de una pretendida reivindicación nacional, puedan atentar y limitar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar.
Daniel Sirera es presidente del Partido Popular de Cataluña.

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