El gobierno catalán ha reconocido en una respuesta parlamentaria que financió un acto que se celebró en el Parlamento de Cataluña en el que participó la diputada de Batasuna, Jone Goirizelaia. No es nada descabellado imaginar que parte de estos fondos públicos sirvieron para pagar el viaje y la estancia en Barcelona a la representante de la ilegalizada Batasuna, lo cual equivale a reconocer que el Gobierno de Cataluña ha financiado las actividades de un partido ilegal. Sin duda, Pasqual Maragall ha utilizado recursos públicos para poner al gobierno catalán al servicio de Batasuna y de sus objetivos políticos.
La diputada a la cual pagamos su visita a Barcelona no condenó el atentado de Hipercor, ni el de Vic, ni el de los concejales del PP de Viladecavalls y Santa Coloma, ni el de Ernest Lluch ni el del policía local Miguel Ángel Gervilla. Tampoco ha condenado los asesinatos de tantas y tantas víctimas de ETA en Cataluña y en el resto de España. Por eso su partido ha sido ilegalizado y precisamente por eso, remueve la conciencia de cualquier demócrata que nuestro gobierno financie con 25.000 euros este acto, mientras la asociación de víctimas del terrorismo de Cataluña debe cerrar sus puertas porque no recibe ninguna ayuda de la administración. Este es el drama de Cataluña. Mientras en el País Vasco está muy claro quien está y quién no está con las víctimas, en Cataluña la línea que separa a unos y a otros se difumina hasta ser imperceptible. Es el drama del oasis catalán y es también la constatación de la sumisión de los socialistas catalanes a sus socios de ERC. Hace tiempo que digo que el PSOE ha dejado de existir en Cataluña y hechos como este me confirman que el PSC se sitúa claramente al margen del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo.
La imagen de la Generalidad ha sido gravemente perjudicada por la irresponsabilidad del tripartito catalán y, muy especialmente, por la actitud de los socialistas catalanes que no han dudado en contribuir y facilitar a la representante de una organización ilegalizada por el Tribunal Supremo por su conexión con el mundo de ETA, expresarse libremente en el parlamento catalán. Es indigno que el Gobierno de la Generalidad contribuya a difundir las ideas de ETA pero resulta vergonzoso el silencio cómplice del presidente del Gobierno de España en relación con estos hechos. Ahora se comprende el interés que puso el actual gobierno socialista en despenalizar la financiación de partidos o grupos ilegalizados. Tampoco es difícil imaginar las razones por las cuales el Fiscal General del Estado miró hacia otro lado cuando el PP solicitó su intervención expresa para impedir la participación en este acto de Batasuna. Zapatero ha afirmado, como respuesta al coche bomba que ha estallado en Madrid, que “las bombas sólo conducen a la cárcel”. Eso esperamos. Como esperamos que desde el socialismo catalán no se vuelva a contribuir con los impuestos que pagamos todos a promocionar y difundir las ideas de ETA.
Daniel Sirera es Secretario de Comunicación del Partido Popular de Cataluña
