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David Jiménez Torres

¡Que viene el Estado de Derecho!

Garzón, en realidad, no ha hecho sino debilitar la posición de la Justicia, abriendo con sus pinchazos ilegales la posibilidad de que se anulen más pruebas contra los integrantes de la trama.

David Jiménez Torres
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La histeria pro-garzonita que se ha desatado en las últimas semanas recuerda, en cierto modo, la histeria pro-Estatut de la Cataluña nacionalista que desembocó en el famoso editorial conjunto de hace unos meses. En ambos casos, y tras una fachada jurídica de cartón-piedra, se esconde la tesis de que el objeto en cuestión es demasiado caro como para recibir una sentencia imparcial y de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. En ambos casos, la actuación del Estado de Derecho se ve y se vende como la tenebrosa actuación de agentes mucho más oscuros. En el caso del Estatut, suenan las trompetas: "¡Que viene España!". En el caso de Garzón, retumban los cuernos: "¡Que vienen los fachas!". En ambas situaciones, se plantea un test sobre la verdadera madurez de nuestro Estado de Derecho y sobre la intransigencia de algunos a aceptarlo, cuando es a ellos a quienes les perjudica.

Recordaremos que, en el caso del Estatut, el editorial de marras apelaba a su particular interpretación del espíritu del 77, al artículo 2 de la Constitución y, sobre todo, al principio de pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Como si lo pactado a espaldas de la ley en los pasillos del Congreso por un político necesitado de votos obligara a algo a una nación soberana integrada por cuarenta y cinco millones de personas. Con Garzón, lo mismo: en lo de la Causa General, que su falta de competencia sólo podría quedar demostrada durante la instrucción, y no antes; con lo de Gürtel, que las escuchas eran necesarias para impedir el blanqueo del dinero, que eran necesarias para mantener el sumario, etc.

No hay que ser un experto en jurisprudencia para ver que estos argumentos que supuestamente fortalecen al Estado de Derecho no hacen sino menoscabarlo. En el caso del Estatut, alegando que los pactos políticos y el espíritu de convivencia de la Transición suponen un cheque en blanco para que las comunidades y el gobierno central aprueben lo que les venga en gana. Eso no es el gobierno por el Derecho sino el gobierno por el Poder. Y en el caso de Garzón, lo menoscaban al suponer que la ley sólo puede cumplirse saltándosela. Garzón, en realidad, no ha hecho sino debilitar la posición de la Justicia, abriendo con sus pinchazos ilegales la posibilidad de que se anulen más pruebas contra los integrantes de la trama. Si debido a esto los corruptos acaban salvándose de la cárcel (que no lo harán), el gran culpable habrá sido Garzón.

Lo mismo podría decirse del argumento que reza que los servicios prestados por Garzón a la causa antiterrorista lo colocan por encima del castigo que merecen sus graves errores actuales. En una verdadera democracia, ningún acto pasado pone a una persona permanentemente por encima de la ley. Una democracia nunca se debe a un hombre más de lo que él se debe a ella; nadie considera, por ejemplo, que la prohibición de que Uribe se presente a un tercer mandato menoscaba la democracia colombiana, a pesar de los impagables servicios que este mandatario le ha prestado. Y lo mismo sirve para el argumento de que sólo porque una querella o apelación venga de sujetos de dudoso talante democrático (sean falangistas o gurtelianos), ésta deba ser automáticamente ignorada. Mal Estado de Derecho sería éste si sólo garantizara los derechos de algunos de sus ciudadanos.

A los garzonitas se les ve el plumero tanto como a los defensores del Estatut. Donde éstos acaban con el grito de "¡Esta es la dignidad de Cataluña!", aquéllos caen en el de "¡Es increíble que se esté respetando a los corruptos!" o el famoso "¡Es increíble que el único procesado por los crímenes del franquismo sea Garzón!" (lo repite hasta el corresponsal del Economist en España que, siguiendo una sana tradición del periodismo anglo, es el menos avezado de tan augusta revista). El titular del editorial de El País de este viernes, Ganan los falangistas, no deja lugar a dudas sobre la prioridad que dan a la derrota de algunos frente al cumplimiento de la ley; como tampoco lo hacen todos los titulares con respecto a las escuchas de Gürtel, que se pueden resumir en un "ganan los corruptos" o, siendo más claros, "gana el PP". Inútil decirles que quien gana es el Estado de Derecho. Porque eso ya lo saben.

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