No hace mucho tiempo, cuando los demócratas aún se curaban las heridas por el “impeachment” de su presidente Bill Clinton, decidieron que la figura del “fiscal independiente” ya no servía a sus intereses políticos e hicieron todo lo posible para eliminarla del sistema legal norteamericano.
Hasta la llegada de Clinton, estos fiscales independientes concebidos en la época del Watergate fueron un instrumento político muy útil para amargar la estancia en la Casa Blanca de presidentes republicanos como Ronald Reagan y el primer George Bush. Ni uno ni otro fueron encausados por las investigaciones de fiscales como Lawrence Walsh, encargado de buscar culpables en el famoso escándalo del Iran-Contra, aunque vieron cómo algunos de sus colaboradores perdían su reputación y carrera. Las investigaciones, ordenadas por un Congreso de mayoría demócrata, fueron una auténtica tortura para sus rivales republicanos y sirvieron para debilitar la imagen de Reagan, el presidente más popular de la postguerra. También para acabar de hundir las menguantes probabilidades de reelección del presidente Bush, cuando Walsh decidió procesar al secretario de Defensa Caspar Weinberger cuatro días antes de los comicios de 1992.
El secretario de Justicia John Ashcroft ha puesto a fiscales de carrera a estudiar si hubo o no delito al revelar la identidad de Valerie Plame, la mujer del diplomático retirado Joe Wilson, que reveló como falsas las acusaciones hechas por Bush de que el Irak intentaba comprar plutonio en Níger. Es a todas luces prematuro hablar de un investigador independiente cuando ni tan sólo se sabe si hubo delito ni quién lo pudo cometer. En vez de una operación de represalia contra Joe Wilson, podría tratarse de una indiscreción cometida por alguien no relacionado con la Casa Blanca, lo que no crearía un conflicto de intereses entre Ashcroft y el presidente.
Pero a un año de las elecciones, los demócratas tienen mucho que ganar con un fiscal independiente: entre debatir si habrá o no, nombrarlo y empezar el proceso, la investigación llegaría a su punto álgido justo en el verano próximo, el mejor momento para sus ambiciones presidenciales. Pero no lo tienen fácil: aunque las encuestas señalen que una mayoría del país estaría de acuerdo, no tienen la mayoría legislativa y ni siquiera cuentan con la figura jurídica del fiscal, que hace tres años ayudaron a eliminar.
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