Ni las emocionantes y multitudinarias manifestaciones de los catalanes en defensa de España, ni la lógica satisfacción por la encomiable querella presentada por el fiscal Maza contra los cabecillas del golpe de Estado ni el no menos comprensible regocijo general que causa el ridículo espectáculo que los sediciosos están brindando en su afán de eludir la Justicia e "internacionalizar el conflicto" debe hacer olvidar la grave irresponsabilidad del Gobierno de Rajoy al hacer suya la propuesta de Ciudadanos de recurrir al artículo 155 exclusivamente para convocar enseguida elecciones autonómicas en Cataluña.
Hay que ser conscientes de que, en algunos y decisivos aspectos, Cataluña quedó al margen de la legalidad antes, incluso, de que Artur Mas pusiera en marcha en 2012 un proceso de secesión que aseguró no pararían "ni tribunales ni Constituciones". Hay que ser conscientes de que muchas de las cosas que durante años han ocurrido en Cataluña no suceden en un país normal: medios de comunicación públicos que cuestionan el ordenamiento jurídico, escuelas en las que se instila el desprecio o el odio a España y de las que se ha erradicado el derecho a la enseñanza en español son realidades que una funesta clase política ha visto como normales y acordes a la legalidad constitucional. De hecho, los nacionalistas no se habrían lanzado a fundar un Estado si no hubieran gozado durante tanto tiempo de una independencia de facto que se ha venido considerando igualmente como normal y legal.
Ciertamente, para reinstaurar el orden constitucional en Cataluña se puede confiar mucho más en una Inés Arrimadas presidenta de la Generalidad que en un Mariano Rajoy presidente del Gobierno. Y eso aun cuando la suspensión de la autonomía catalana hubiera durado tantos años como duraron algunas de las que el Gobierno británico aplicó, sin el menor complejo, en Irlanda del Norte. Sin embargo, a día de hoy nada garantiza –todo lo contrario– que las formaciones constitucionalistas salgan victoriosas en las elecciones del próximo 21 de diciembre. De hecho, las encuestas publicadas últimamente descartan la posibilidad de que Ciudadanos, PSC y PP puedan formar Gobierno. La alianza de los separatistas de ERC con los soberanistas de Podemos y el PSC aparece como la única alternativa a una nueva mayoría parlamentaria netamente secesionista.
Ojalá esas encuestas se equivoquen. Téngase presente que el desarrollo del artículo 155 llevado a cabo por el Gobierno ni siquiera contiene cláusula alguna de continuidad –como exigir el cumplimiento de un pliego de condiciones en defensa del orden constitucional–, por lo que la vuelta a la normalidad de dentro de dos meses bien podría ser la vuelta a un deplorable pero consentido estado de cosas en el que se han visto como normales y legales hechos aún más graves que el que un presidente regional como Puigdemont se negara en su investidura a prometer o jurar la Constitución, que Artur Mas alterara en 2012 el juramento con una "plena fidelidad al pueblo de Cataluña" o que el PSC exigiera en 2010 como condición para abstenerse en la primera investidura de Mas el compromiso de hacer caso omiso a la ya entonces enésima sentencia del Supremo contra la inmersión lingüística.
Finalmente, y habida cuenta de que la clase política ha considerado legal y normal que el Gobierno de Rajoy ofreciera públicamente mejor financiación y una reforma constitucional a los separatistas tras perpetrar estos la rebelión –o, cuanto menos, sedición– que ya constituía la consulta secesionista del 1-O, no sería extraño que esa repugnante oferta se retomara tras el 21-D si los separatistas ganasen y aparcaran durante un tiempo su aspiración a convertirse en un Estado soberano. Como para no temblar ante la posibilidad de volver a lo que durante tantos tiempo ha sido normal y legal en Cataluña.